Garantía de acceso al aborto en el hospital público más cercano, fin de la exigencia del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, baja laboral por reglas incapacitantes y un permiso retribuido a partir de la semana 39 de embarazo.
Tras meses de negociaciones en el seno del Ejecutivo, Igualdad está satisfecha con el anteproyecto de reforma de la ley del aborto que lleva este martes al Consejo de Ministros, aunque por el camino se han quedado medidas destacadas, como la reducción del IVA de compresas y tampones.
PERMISOS LABORALES SÍ, PERO EL IVA SE MANTIENE
El departamento que lidera Irene Montero aspiraba también a que el permiso retribuido para las embarazadas comenzara en la semana 36 de gestación y será finalmente desde la 39, pero, en cualquier caso, reconoce el esfuerzo realizado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Más dura ha sido la negociación con María Jesús Montero y, a pesar de que el IVA superreducido del 4 % para los productos de higiene femenina está en el acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Podemos para, la propuesta ha quedado aparcada.
Entrevistada en la Cadena Ser, Irene Montero ha dejado claro este lunes que seguirá "peleando" por ello cuando se negocien los próximos presupuestos generales del Estado y ha destacado otras propuestas que incluye la ley para paliar la denominada pobreza menstrual, como la distribución gratuita de esos productos en centros educativos, penitenciarios o vinculados a servicios sociales.
Igualdad hace bandera de una ley pionera en Europa a la hora de reconocer el derecho a la salud menstrual, con la que las mujeres que sufran un dolor incapacitante durante la regla podrán acceder a una baja laboral asumida por la Seguridad Social desde el primer día y sin duración máxima.
EL DEBATE DE LAS MENORES
El anteproyecto, que hace hincapié en la necesidad de la educación afectivo-sexual en las distintas etapas educativas, garantizará que las mujeres pueden acceder al aborto en el centro público más cercano a su domicilio, para lo que se creará un registro de objetores de conciencia que permita organizar los servicios.
Es uno de los principales problemas que quiere paliar la reforma: de las 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en 2020, últimos datos disponibles, el 84,5 % fueron realizadas en centros privados. Doce provincias no han notificado ningún aborto en los últimos cinco años, ni en clínicas privadas.
Otro objetivo clave de la reforma es eliminar la exigencia del consentimiento paterno en el caso de las menores de 16 y 17 años, uno de los puntos que previsiblemente centrará el debate político ya que fue el PP quien introdujo ese requisito en 2015.
El principal partido de la oposición, con distintas sensibilidad ante el aborto, no ha mostrado todavía en público su posición ante la propuesta de reforma, alegando que se trata de una cortina de humo del Gobierno para desviar la atención e la crisis abierta por es espionaje con Pegasus.
Cuando en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyó el derecho al aborto en determinados supuestos por una ley de plazos, que garantiza el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo, el PP la recurrió ante el Constitucional, pero cuando accedió a la Moncloa optó por no derogarla.
Lo intentó Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia con una "ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada" y acabó dimitiendo
Mariano Rajoy solo rescató en la reforma de 2015 la exigencia del consentimiento expreso de un progenitor o tutor para las menores de 16 y 17 años, punto que ahora elimina el Gobierno de coalición.
"Hay que dejar de infantilizar a las mujeres", ha subrayado en TV3 la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, mientras el Constitucional sigue sin pronunciarse 12 años después del recurso.
Desaparecerá por ello también el plazo de reflexión de tres días y la obligación de entregar a la mujer, si no lo pide, el sobre que se entrega a las mujeres con información sobre ayudas y recursos disponibles.
