El Gobierno central tiene previsto transferir, en todo el año 2020, más de 700 millones de euros a Castilla-La Mancha para que el Ejecutivo regional haga frente a los gastos derivados de la COVID-19.
El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha aportado esta información con motivo de la entrega de más de 140.000 mascarillas que este jueves ha entregado la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Toledo y a la Diputación de Toledo, para que sean distribuidos entre la población más vulnerable de la provincia.
Tierraseca ha destacado que el Gobierno central ha repartido en Castilla-La Mancha unas 646.000 mascarillas y ha detallado que, para hacerlo, se ha apoyado en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las diputaciones, para que ellas las distribuyan en los municipios más pequeños.
El reparto de este jueves, tal y como ha indicado el delegado del Gobierno, tiene que ver con el inicio del curso escolar, lo que conlleva "un aumento de la movilidad considerable".
Tierraseca ha recalcado el "compromiso del Gobierno central con Castilla-La Mancha" y, como muestra de ello, ha indicado que a primeros de octubre comenzarán a prestar servicio en la región, 120 rastreadores que forman parte de las Fuerzas Armadas y que se incorporarán al equipo de rastreadores de la Consejería de Sanidad.
Además, ha afirmado que "otra muestra de ese compromiso" son los más de 400 millones de euros del fondo COVID-19 que han llegado ya a Castilla-La Mancha y ha calculado que, cuando acabe el año, la región habrá recibido más de 700 millones de fondos estatales.
Hasta la fecha, ha informado de que en julio, el Gobierno central transfirió 391,3 millones de euros, otros 90 millones de euros para educación coincidiendo con el inicio del curso escolar y 8 millones más para la Consejería de Fomento, con el objetivo de que se reactive el transporte urbano e interurbano, y ha recordado que estas cuantías no se tienen que resolver, por lo que "representa la mayor transferencia realizada por el Gobierno central a las comunidades autónomas fuera del sistema de financiación autonómica".
Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha calificado de "imprescindible" la colaboración entre administraciones, pues a su modo de ver "no hay otra forma de salir de esta grave crisis social y económica".
Ha informado de que, en concreto, la ciudad de Toledo va a recibir más de 21.000 mascarillas y ha explicado que su reparto se organizará mediante las concejalías de Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, y ha querido agradecer las "labores excepcionales" que están realizando durante la pandemia la Policía Local y Protección Civil.
Tolón ha subrayado que estas mascarillas irán dirigidas "sobre todo, a los colectivos más vulnerables, a quienes más lo necesitan" y ha confiado en seguir trabajando todas las administraciones públicas unidas para "luchar contra esta grave enfermedad y ayudar a paliar las cuestiones sanitarias y también económicas, para poder cuanto antes salir de ésta".
Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Generales, Empleo, Deportes y Promoción Turística de la Diputación de Toledo, Fernando Muñoz, ha agradecido que se haya contado con la institución provincial para realizar el reparto de estas mascarillas en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Así, ha explicado que la institución provincial realizará lotes, de forma proporcional en función de la población de cada municipio, para que sean entregadas a los ayuntamientos.
De este modo, ha agradecido que la Delegación del Gobierno haya llegar este material de protección frente al virus, sobre todo, a los municipios pequeños que tienen menos posibilidades y recursos.
VIGILANCIA DE LA MOVILIDAD
Por otra parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán restringir la movilidad de aquellas personas que deban permanecer en confinamiento por la COVID-19 tras una resolución de la Consejería de Sanidad, en la que se indique quién no puede salir de sus domicilios, y con el auto de un juez que lo ratifique.
El delegado del Gobierno ha explicado, a preguntas de los medios de comunicación, cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden vigilar si una persona en cuarentena está respetando el confinamiento, según anunció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este miércoles.
Tierraseca ha explicado que el mecanismo para aplicar estas medidas es que la Consejería de Sanidad, a través de las delegaciones provinciales, dicte una resolución ordenando, con nombres y apellidos quién no puede salir de sus domicilios.
Esta resolución debe ser ratificada mediante un auto judicial, y a partir de ese momento, la Guardia Civil y la Policía Nacional "procederían a cumplir ese auto judicial que impide la movilidad de una persona", pues ha recordado que se trata de un derecho fundamental.
"Sin el estado de alarma, solamente bajo la tutela de los tribunales e justicia se puede impedir la movilidad", ha subrayado Tierraseca, que ha resaltado que la colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil está "garantizada para el cumplimiento de las medidas que adopte la autoridad sanitaria".
Asimismo, ha aseverado que, desde que finalizó el estado de alarma y la autoridad sanitaria recayó directamente en la comunidad autónoma y en la Consejería de Sanidad, la Delegación del Goboerno se puso "a su disposición para colaborar, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el cumplimiento de medidas genéricas".
