lunes 20/9/21

El Gobierno y Castilla-La Mancha firmarán un convenio para la mejora de sus límites

El convenio tendrá vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, con posibilidad de prórroga, y una inversión estimada de 1.035.706,35 euros que serán financiados al 50% por cada administración

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), y Castilla-La Mancha para recuperar y dotar de coordenadas geográficas precisas a 3.500 mojones en líneas límite de municipios.

Según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en nota de prensa, el convenio recoge también la posterior representación cartográfica acorde con las nuevas técnicas de ingeniería geográfica.

De esta manera, el objetivo es la realización de los trabajos para la recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límite jurisdiccionales de términos municipales de la comunidad autónoma.

Para ello, el Ministerio dotará de coordenadas geográficas mejoradas a todos los mojones que componen estas líneas límite jurisdiccionales e inscribirá en el Registro Central de Cartografía sus geometrías, como requisito previo para su inclusión en la cartografía oficial.

Por su parte, Castilla-La Mancha colaborará en el replanteo de las líneas límite y en la elaboración de las actas que conformen los trabajos realizados, coordinando a los ayuntamientos implicados para someterlas a la firma de las comisiones municipales correspondientes.

El convenio tendrá vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, con posibilidad de prórroga y supondrá una aportación de trabajos del CNIG, con la colaboración del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del Servicio de deslindes y del Servicio regional en Castilla-La Mancha, valorada en un total estimado de 1.035.700 euros, que serán financiados al 50 por ciento por cada administración pública.

El Ministerio ha recordado que desde el año 2014 suscribe convenios con la región para reflejar con precisión la realidad física de su territorio y dotar así de una mayor seguridad jurídica al desarrollo de actividades públicas o privadas, lo que pone de manifiesto la estrecha colaboración entre administraciones públicas y la optimización de los recursos públicos. 

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