La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha concretado este miércoles en el Congreso los cambios que hará en la Lomce y que afectan principalmente a la asignatura de Religión, cuya nota ya no contará, y a la preminencia de la escuela pública sobre la concertada.
En su primera comparecencia en la Comisión de Educación, ha instado a los grupos a consensuar medidas, pero ha recalcado que el Gobierno modificará aquellos aspectos más "perturbadores" de la Lomce y que fueron más contestados por la comunidad educativa.
A la espera de comenzar a trabajar en una ley orgánica que sustituya a la Lomce -"derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable"-, la ministra ha defendido un modelo que no vulnere la igualdad de oportunidades.
Así, abrirá "un diálogo" con los centros concertados que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños, sabiendo que el Tribunal Constitucional les avala.
Ha recalcado que son "muy pocos", pero contravienen "los principios generales de la educación inclusiva".
Celaá ha asumido la escuela concertada como "complementaria" de la red pública, pero ha añadido: "la concertada puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública porque si no, el Estado no cumple con su obligación".
Ha afirmado que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social" pues cree que es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública.
Asimismo, ha criticado los "abusos" que se han cometido a veces para dar suelo público a la concertada; "no se pueden volver a repetir".
Sobre la Religión, seguirá siendo asignatura de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para el alumno y no tendrá efectos académicos ni una materia alternativa.
Se creará una obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticos.
Por otra parte, se reformarán tres artículos de la Lomce (122, 127 y 135) para "recuperar la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y concertados" y se modificará así la elección de los directivos de los centros.
También se derogarán los itinerarios de la Lomce a partir de los 13 años pues, según Celaá, "condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento".
Se suprimirán las reválidas -el anterior ministro las había paralizado-, volverán las evaluaciones diagnósticas, en concreto, en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, para planes de mejora de los centros, en colaboración con las comunidades.
Celaá impulsará un Programa de Cooperación Territorial en educación de 0 a 3 años para hacer esta etapa "asequible" a las familias.
Sobre becas, ha dicho que se sigue tramitando el decreto del anterior Gobierno para no afectar al alumnado pero que a partir de septiembre, a través del Observatorio de Becas, se revisará el modelo para hacerlo más justo.
Educación creará el Número de Identificación del Alumno como medida censal para ahondar en la trayectoria individual y personalizar las respuestas del sistema contra el abandono escolar temprano.
En cuanto al decreto de racionalización del gasto público que provocó recortes, Celaá ha fijado que se revertirá bajando las ratios, se reducirá el horario lectivo de los docentes y los días de baja para sustituir a un profesor.
En cuanto a la FP, el Ejecutivo diseñará, con el máximo consenso, una Ley de Formación Profesional en la que se vinculen políticas educativas, de empleo y desarrollo económico.
Tanto el PSOE como la oposición han agradecido a la ministra su disposición al diálogo.
Pero el PP ha solicitado a Celaá que no lleve a cabo los cambios de la Lomce "de forma unilateral" y ha propuesto pensar en una enseñanza básica hasta los 18 años.
Podemos ha insistido en la necesidad de derogar la Lomce y pasar la Religión a horario de tarde.
Ciudadanos ha pedido los informes anunciados por su antecesor sobre supuestos adoctrinamientos en los libros de texto y ha instado a cumplir la Constitución en cuanto a respetar la existencia y el trabajo de la Alta Inspección Educativa.
PNV le ha rogado que "no tenga el síndrome madrileño en sus decisiones"; PDeCAT le ha reclamado apoyo para la situación de los docentes del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) denunciados tras el 1-O; y ERC le ha recordado que la escuela catalana es "inclusiva y multilingüe".
