El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su "no conformidad" con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de minería de tierras raras presentada por el grupo parlamentario de Podemos, al considerar que supone "un aumento de crédito presupuestario en el año 2019".
El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, consultado por Efe, ha informado este lunes del escrito del Consejo de Gobierno en el que expresa su "no conformidad" con dicha iniciativa, que fue admitida a trámite por la Mesa en su reunión del 24 de enero.
El Consejo de Gobierno entiende que esta proposición de ley supone un aumento de crédito presupuestario en el ejercicio 2019 para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y que la actividad cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula.
Así se especifica en sendos informes que se adjuntan y que publica el Boletín Oficial de las Cortes: el de la Dirección General de Industria, Energía y Minería y el de repercusión presupuestaria que supondría la aprobación de esta iniciativa.
En ellos se explica que los presupuestos de 2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, una vez prorrogados los aprobados para el ejercicio 2018, "no contemplan los gastos derivados de la proposición de ley de minería de tierras raras".
En consecuencia, la Mesa de las Cortes declara concluida la tramitación de la citada proposición.
ENMIENDAS A LA LEY DE PERSONAS CONSUMIDORAS
En otro orden de asuntos, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Podemos en las Cortes regionales han presentado 39 enmiendas al proyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha.
Del total de las enmiendas admitidas, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, consultado por Efe, 8 corresponden al grupo popular, 10 al grupo socialista y 21 al grupo parlamentario de Podemos y la mayoría son de carácter técnico, para proponer modificaciones de palabras o conjunto de palabras en el articulado de la norma.
Sin embargo, entre las enmiendas del PP destacan dos de adición, una para que, ante la constatación de un posible riesgo a la salud de los consumidores, los servicios competentes de la comunidad autónoma sean autorizados a retirar cautelarmente dichos productos y a ordenar la interrupción de su producción hasta que se adopten las medidas oportunas que garanticen la inocuidad de los mismos.
La segunda contempla que las asociaciones de consumidores y usuarios válidamente constituidas sean consideradas parte interesada en aquellos procedimientos que tengan por objeto la protección de las personas consumidoras, cuyos derechos e intereses puedan verse afectados como consecuencia de una situación de peligro, accidente o inseguridad de cualquier naturaleza.
También entre las enmiendas del PSOE hay una de adición para garantizar el derecho a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones necesarias para ejercer un consumo responsable que fomente el desarrollo sostenible.
Por su parte, entre las enmiendas de Podemos hay una de supresión y nueve de adición, entre ellas, una para garantizar que las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de los contratos y las prácticas abusivas que vulneren los derechos de las personas consumidoras sean sancionadas por las administraciones competentes en materia de consumo.
Podemos también propone que las personas consumidoras tengan derecho a una protección frente a las prácticas comerciales consideradas desleales por agresivas, abusivas o engañosas y que la Junta de Comunidades, en el ámbito de sus competencias, se persone en procedimientos penales, siempre y cuando afecten a una amplia pluralidad de personas consumidoras y usuarias necesitadas de especial protección y residentes en Castilla-La Mancha.
Igualmente, plantea que las Administraciones Públicas de la región impulsen que, en los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediación destinado a la resolución extrajudicial de conflictos previo a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervención notarial.
