La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Universidad de Castilla-La Mancha han firmado un protocolo de actuación en el que ambas instituciones se comprometen a colaborar activamente en la formación de personal y en la realización de actividades de investigación, estudio y documentación para el perfeccionamiento de la Administración regional.
Este protocolo, que actualiza el convenio marco de 1995 entre ambas instituciones y lo adapta a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, remarca que la selección, formación e investigación en el campo de los recursos humanos constituye un factor estratégico esencial en el desarrollo de las organizaciones y de las Administraciones Públicas y que la cooperación supone un potencial aumento de las respectivas capacidades, según ha informado la Administración regional en un comunicado.
En este sentido, ambas partes han establecido como cláusulas la colaboración mutua en todos los aspectos técnicos relativos a la selección de su personal, además de en las tareas de formación de los trabajadores de nuevo ingreso, para lo cual se facilitará el profesorado necesario para la impartición de los cursos selectivos y se remitirán mutuamente la documentación adecuada a los fines previstos.
Asimismo, han acordado cooperar en el perfeccionamiento de sus empleados públicos intercambiándose el profesorado y la documentación necesarias para el desarrollo de las acciones formativas previstas a estos efectos y admitir en las actividades que desarrolle una de estas instituciones a personal del sector público de la otra parte, así como cederse los medios físicos y materiales necesarios.
Del mismo modo, ambas instituciones colaborarán en la organización y realización de los periodos de prácticas previstos para el alumnado en sus planes de estudio y se remitirán mutuamente cuanta documentación pueda resultar de las acciones formativas organizadas por cada una de ellas, sus planes de actividades, catálogos de publicaciones y, en general, todo aquello que pueda resultar de interés común.
Igualmente, intercambiarán información sobre sus respectivas acciones de investigación y podrán realizar proyectos comunes en ese ámbito en el campo de la Administración Pública, fundamentalmente en el área de los recursos humanos, al tiempo que cooperarán en la realización de los seminarios, jornadas y las actuaciones precisas para el ejercicio de sus competencias.
El presente protocolo general de actuación tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por cuatro anualidades más previo acuerdo entre las partes y ambas instituciones se comprometen a garantizar el cumplimiento y la financiación de las actividades que se hubieran iniciado y no concluido en el momento de la extinción del mismo.
