El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados, de los cuales cinco corresponden a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
El objetivo, según informa la Delegación del Gobierno, es adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.
Estas cinco nuevas plazas se distribuyen entre diferentes órganos judiciales de primera instancia, primera instancia e instrucción y penal.
Se pondrán en marcha, de esta manera, el juzgado de primera instancia número 8 de Albacete; los juzgados de primera instancia e instrucción número 7 de Illescas (Toledo) y número 6 de Talavera de la Reina (Toledo), así como los juzgados de lo penal número 2 de Guadalajara y número 4 de Toledo.
Esta distribución, según el Gobierno, se justifica por la carga de trabajo de los juzgados de primera instancia de las provincias de Albacete y Toledo, en cuya capital la penal es la jurisdicción con más actividad.
En el caso de Guadalajara, hay un único juzgado de lo penal en funcionamiento que soporta una alta carga de trabajo según los baremos del Consejo General del Poder Judicial.
INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES
En otro orden, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que "se incrementan los porcentajes de indemnización por sacrificio obligatorio de animales", ha informado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en un comunicado.
El sacrificio obligatorio al que se refiere el RD se produce "en el marco de los programas nacionales de lucha, control y erradicación" de tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiforme.
También se elevan los máximos de las subvenciones "en caso de repoblación por sacrificio obligatorio de todos los animales de una explotación ganadera" decretado por la autoridad competente en caso de sospecha o confirmación de una enfermedad, conocido como vaciado sanitario, .
El gasto en indemnizaciones, que financian el Estado y las comunidades autónomas -hasta el 50 % en función de las disponibilidades presupuestarias- es cofinanciado por la Unión Europea en un 50 %.
Con esta actualización de las cuantías "se contribuye al correcto funcionamiento de los programas de erradicación", se reducen las posibilidades de contagio, se mantinene la sanidad de los animales y "se responde a la demanda de las organizaciones agrarias y de los propios ganaderos" ha añadido la nota.
