El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar mañana viernes 15 de febrero en Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), también conocida como 'Ley Celaá', y que pretende derogar también la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 con la mayoría absoluta del Partido Popular, y que ha sido cuestionada desde entonces desde diversos ámbitos de la comunidad educativa.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación a Europa Press, con la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros comenzará su tramitación parlamentaria, aunque todas las iniciativas del Gobierno quedan supeditadas de la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de convocar o no elecciones generales y disolver las cámaras, lo que frenaría la tramitación de la 'Ley Celaá'.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, apuntó en julio del año pasado durante su primera comparecencia en el Congreso que pretendía derogar de forma "urgente" los aspectos más "lesivos" de la LOMCE, aunque el pasado mes de octubre señaló que la reforma se llevaría a cabo antes de Navidad.
Finalmente, en noviembre el Gobierno presentó el borrador del 'Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación', en el que se incluía, en su parte final, una disposición que deroga por completo la LOMCE, también conocida como la 'Ley Wert' por el ministro que impulsó este texto legislativo, José Ignacio Wert, responsable de Educación en el primer gobierno de Mariano Rajoy.
MEDIDAS DE LA 'LEY CELAÁ'
La reforma de la Ley Orgánica de Educación que ultima el Gobierno elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.
También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y "prestará especial atención el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres".
En el primer borrador también se incorporaba la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular", con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria.
"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se lee en el documento.
La 'Ley Celaá' recoge también la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa, como defendió la ministra Celaá, que considera la medida "un gran favor" a los alumnos emulando la aprobación por "compensación" que existe en la universidad.
"El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo dicente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título", según el borrador del anteproyecto de ley.
En las anteriores etapas educativas, la propuesta del Ministerio de Educación subraya que la repetición de curso sea algo "excepcional". Por ejemplo, en Primaria se acota la repetición a "una vez durante toda la etapa", y debe realizarse con "un plan específico de refuerzo".
En Secundaria se podrá "repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa". "En todo caso, las repeticiones se planificarán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas", se añade en el articulado.
Otra de las medidas anunciadas por Celaá para reformar los "aspectos más lesivos" de la LOMCE, como eliminar la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, se incorpora al proyecto de ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, donde desaparece este "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.
"La enseñanza básica, obligatoria y gratuita, se programará por las administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados", es la redacción que propone el anteproyecto para el controvertido artículo 109.2 de la LOMCE, eliminando la "demanda social".
Además, el anteproyecto especifica que "las administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población".
En cuanto a la admisión del alumnado, la propuesta de modificación de ley orgánica educativa del Gobierno socialista incluye a las familias monoparentales, a las víctimas de la violencia de género o de terrorismo, entre los grupos que, en caso de insuficiencia de plazas escolares, tendrán prioridad.
SIN APOYO DE UNIDOS PODEMOS
El Ministerio de Educación quiere que algunos de estos cambios entren en vigor en el curso siguiente al de su aprobación, que sería 2019-2020, entre ellos, las modificaciones en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, las condiciones de acceso a las enseñanzas y las modificaciones en las condiciones para titular en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Es decir que la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa por "compensación", como explicó la ministra, podría estar vigente el próximo curso.
De forma inmediata, sí que se aplicarían las modificaciones relativas al Consejo Escolar, al claustro y al director, a su modo de seleccionarlo y a la admisión de alumnos. El resto de medidas recogidas en la reforma empezarían a aplicarse a partir de los cursos 2020-2021 o 2021-2022.
Sin embargo, además de la incertidumbre de la posible convocatoria de elecciones generales, la 'Ley Celaá' necesitaría sumar apoyos para su aprobación en el Congreso, ya que Unidos Podemos, el principal socio parlamentario del Gobierno, apuntó en diciembre que no prestará apoyo a la reforma en los términos en los que está redactada.
"Este anteproyecto cuenta ahora sólo con 84 diputados", dijo la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, que considera que la 'Ley Celaá' "escucha más a PP y Ciudadanos que a la comunidad educativa". Ante esta situación, el sindicato CCOO pidió a la ministra Celaá este pasado martes que derogue los "aspectos más lesivos" de LOMCE mediante Reales Decretos para que "tenga una aplicación inmediata".
