44 años después de su muerte y de su entierro en el Valle de los Caídos, Franco ha vuelto este 2019 a encabezar las portadas de los periódicos y a abrir las escaletas de todos los telediarios.
El dictador ya no era el protagonista de los diarios de Movimiento, ni del No-Do, ni tampoco de la única televisión española de la época. El pasado 24 de octubre, 44 años después de su primera inhumación en la basílica de Cuelgamuros, los restos del dictador salían del Valle de los Caídos.
Sin honores militares, solo acompañado por su familia más cercana, en una ceremonia sobria pero retransmitida en directo, el féretro de Franco abandonaba el monumento de la dictadura.
Una cripta en la que había compartido espacio con más de 30.000 víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos.
UN ARDUA BATALLA LEGAL
El largo camino para ese momento de "reparación histórica" y "paso de gigante" para unos, y de "profanación" de un cadáver para otros, arrancó en 2007 cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica.
Ya en 2011, una comisión de expertos recomendaba exhumar a Franco del Valle de los Caídos porque era la única persona enterrada allí que no había muerto en la guerra.
El PSOE, ya en la oposición, presentó varios iniciativas parlamentarias para sacar los restos del dictador de la basílica, aunque con escaso éxito práctico.
No fue hasta la moción de censura de junio de 2018 y la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez cuando el proceso se acelera.
Sánchez se compromete a exhumar a Franco en poco tiempo, incluso antes de que llegaran las vacaciones de verano, aunque la operación y los trámites administrativos no eran tan fáciles como preveía el presidente del Gobierno.
Para que el Gobierno tuviera luz verde a la exhumación hizo falta aprobar un decreto con una reforma exprés de la Ley de Memoria Histórica y emprender una ardua batalla legal con la familia que acabó casi un año y medio después con el visto bueno del Tribunal Supremo.
Entre medias, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo que mediar con el Vaticano ante el rechazo reiterado del prior del Valle de los Caídos a facilitar la salida de los restos de Franco de la basílica.
La familia también intentó hasta el último momento impedir la exhumación o, en su defecto, que fuera reinhumado en un panteón que tiene en propiedad en la cripta de la Catedral de la Almudena, y en el que ya está enterrada su hija Carmen.
El Gobierno alegó motivos de seguridad y de orden público para impedir que la tumba de Franco acabara en el centro de Madrid, en una zona turística y repleta de visitantes.
No acabaron aquí los obstáculos porque un juez de Madrid decretó ilegal el permiso de obra para la extracción de la lápida de mármol de 1.500 kilos que durante 44 años cubría la tumba del dictador.
Pese a que todavía no contaba con la luz verde del Supremo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió fijar una fecha para la exhumación: el 10 de junio de este 2019.
Una fecha que se vio obligado a aplazar ante la decisión del Supremo de suspender cautelarmente la extracción de los restos hasta que adoptara una decisión firme sobre el recurso de la familia.
Entre nuevos autos y apelaciones llegó el verano, se cumplía un año desde la promesa de Pedro Sánchez y Franco seguía en el Valle.
Finalmente, el 24 de septiembre pasado y en plena precampaña para las elecciones del 10 de noviembre, el Supremo avaló la exhumación.
FRANCO, ¿ARMA ELECTORAL?
Ante la cercanía de la convocatoria electoral, el Gobierno se comprometió a alejar "lo más posible" el día de la exhumación de la cita con las urnas, aunque finalmente se produjo apenas quince días antes de los comicios, el 24 de octubre.
Ninguna encuesta consiguió aclarar si sacar a Franco del Valle movilizaba el voto de izquierdas o, por contra, azuzaba el de derechas.
De hecho, salvo Vox, que no dudó en hablar de profanación y de "show electoral y necrófago" del PSOE, prácticamente ningún partido criticó abiertamente el traslado de los restos de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio.
Algunos sí se atrevieron a señalar la escasa demanda social de la medida, y a denunciar el supuesto intento del Gobierno de obtener rédito político con la exhumación, pero poco más.
Lo único cierto es que las elecciones del 10 de noviembre arrojaron una espectacular subida de Vox, que duplicó su número de escaños hasta situarse como tercera fuerza política en el Congreso junto a una subida del PP y el estancamiento del PSOE y de Unidas Podemos.
Y LLEGÓ LA EXHUMACIÓN
El Gobierno había planificado de forma minuciosa la operación. Dos helicópteros de las Fuerzas Armadas -uno de ellos de reserva- se encargarían del traslado de los restos hasta el cementerio de Mingorrubio, donde reposa su esposa, Carmen Polo.
Se evitarían así posibles incidentes en el viaje hasta ese camposanto, situado muy cerca del Palacio de El Pardo, la que fuera residencia del dictador.
También se prohibieron cámaras o teléfonos móviles en el interior de la cripta para garantizar la privacidad del momento en que se extrajeran los restos.
La familia intentó cubrir el féretro con una bandera preconstitucional, pero al igual que cualquier homenaje, no religioso, fue impedido por el Ejecutivo.
El ataúd salió del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares, entre ellos Luis Alfonso de Borbón, pero sin himnos, marchas fúnebres ni salvas de artillería.
Fue una imagen muy distinta a la de noviembre de 1975 pero que, como entonces, volvió a encabezar los noticiarios.
Desde ese día, los restos de Franco reposan en un panteón propiedad de Patrimonio del Estado, cerrado con llave, al que solo pueden acceder sus familiares y en el que ya no se le podrán hacer homenajes públicos.
¿Y AHORA QUÉ SERÁ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS?
La exhumación ha reabierto el debate sobre el futuro del Valle de los Caídos. Un mausoleo siempre objeto de polémica por su fuerte carga simbólica para la dictadura franquista pese a que allí también yacen miles de republicanos.
No hay una respuesta unánime a la pregunta de "qué hacer" ahora con el conjunto monumental, donde se combina la mayor fosa común de España -con al menos 33.847 enterrados, aunque probablemente sean muchos más-, una basílica excavada en la roca, una abadía con hospedería regentada por los benedictinos, una escolanía, un centro de estudios y una cruz de 150 metros rodeada de enormes esculturas.
Lo único claro que tiene el actual Gobierno del PSOE es que el enclave debería transformarse en un espacio que "ayude a la memoria de las víctimas" de la Guerra Civil y "no ofenda a nadie".
Una de las primeras medidas podría ser trasladar a un lugar no preeminente de la basílica al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, fusilado por el bando republicano en noviembre de 1936.
El plan más ambicioso será reconvertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación y centro de la "memoria", aunque la propia iconografía del espacio, con una gran cruz y multitud de otros elementos religiosos, hacen compleja la tarea.
También hay propuestas extremas, como la que ha lanzado en más de una ocasión el senador de Compromís Carles Mulet, quien además de expulsar a los benedictinos ha abogado por "dinamitar" el monumento.
Mientras se aclaran las ideas, queda por ver si el Estado tardará otros 44 años en buscar un destino al mausoleo que precisamente este 2019 ha cumplido 60 años. Ahora sin su inquilino más célebre.
