Feministas y sindicatos exigen en Castilla-La Mancha el derecho al aborto en la sanidad pública

Las calles de Castilla-La Mancha se tiñeron este lunes de pancartas, gritos y reivindicaciones en defensa del derecho al aborto. Decenas de colectivos feministas, sociales y sindicales se concentraron en las principales ciudades de la región —Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo— para exigir al Gobierno autonómico que garantice este derecho en la sanidad pública.

Las protestas, celebradas en la tarde de este lunes 29 de septiembre coincidiendo con el Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, denunciaron que la Junta que preside Emiliano García-Page sigue incumpliendo la Ley Orgánica 1/2023. Más de dos años después de su aprobación, según las entidades convocantes, las mujeres que residen en Castilla-La Mancha continúan sin poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en hospitales públicos del Servicio de Salud regional (SESCAM).

Un derecho fuera del sistema público

Las organizaciones recordaron que entre 2010 y 2023 se practicaron 47.239 abortos a usuarias del sistema sanitario de Castilla-La Mancha, pero solo 18.895 tuvieron lugar dentro de la región. Eso significa que más del 60% de las mujeres tuvieron que desplazarse a comunidades vecinas.

Aún más llamativo resulta el dato de que apenas 30 abortos en 14 años se realizaron en hospitales públicos. El resto, el 99,94%, se llevó a cabo en clínicas privadas o concertadas, lo que, según los colectivos, responde a un patrón de objeción de conciencia asumido de facto por los centros sanitarios, pese a que la normativa establece que la objeción solo puede ser individual y nunca institucional.

“Esto no es un problema técnico, es falta de voluntad política”, señalaron en el manifiesto leído en las plazas, en el que también criticaron la “dejadez institucional” de la Junta y su negativa reiterada a reunirse con los colectivos sociales que han solicitado diálogo en varias ocasiones.

Información insuficiente y acoso en clínicas

Otro de los puntos que generó indignación entre las convocantes fue la ausencia de protocolos claros para informar a las mujeres. En la actualidad, la única vía oficial de información es el teléfono Salud Responde, considerado insuficiente. “No hay folletos, ni web, ni materiales accesibles. Depende de la buena voluntad de cada profesional informar, y eso no puede seguir así”, advirtieron.

El manifiesto también subrayó la falta de medidas contra el hostigamiento que sufren mujeres y personal sanitario a las puertas de las clínicas acreditadas en Albacete y Ciudad Real, donde grupos contrarios al aborto acuden con fotografías de fetos y mensajes de presión. Según los colectivos, la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar, tal y como establece la ley para proteger la intimidad, la seguridad y la confidencialidad de quienes recurren a este derecho.

Una demanda con respaldo internacional

Las organizaciones recordaron que el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por Naciones Unidas, la OMS, la Unión Europea y la Agenda 2030. Por tanto, insistieron, corresponde a los poderes públicos garantizarlo sin obstáculos ni coacciones.

“Cuando la OMS habla de abortos seguros, no solo se refiere a la disponibilidad del servicio, sino a cómo se presta: con confidencialidad, respeto a la decisión de la mujer y protección frente a cualquier forma de violencia o presión externa”, subrayaron las portavoces en Toledo.

Apoyo diverso y creciente

En las concentraciones participaron 37 entidades, entre ellas Ágora Feminista de Albacete, Amnistía Internacional, CCOO y UGT de Castilla-La Mancha, Médicos del Mundo, Fundación Triángulo, la Organización de Mujeres de la Intersindical CLM, las plataformas 8M de Toledo y Guadalajara, así como colectivos LGTBI y grupos locales feministas de toda la región.

El acto concluyó con la lectura del manifiesto unitario, en el que se reiteró: “El aborto es derecho a la salud y exigimos a las autoridades que cumplan con ello. Seguiremos denunciando la situación de vulnerabilidad en la que la Administración nos ha colocado, y cada vez seremos más”.