Feministas convocan protestas en Castilla-La Mancha para exigir el aborto público
Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales han convocado concentraciones el próximo lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Reclaman a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que garantice el acceso al aborto en la sanidad pública.
Las movilizaciones se enmarcan en el Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, que se celebra cada 28 de septiembre. Los colectivos denuncian que el Gobierno regional no ha adoptado medidas efectivas para cumplir la Ley Orgánica 1/2023 y que mantiene a las mujeres dependientes de clínicas privadas.
Según Amnistía Internacional, la falta de actuación de la Junta impone graves obstáculos, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Subrayan que la Consejería de Sanidad solo respondió a sus peticiones tras una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia, lo que consideran una muestra de “falta de voluntad política”.
Los datos respaldan sus críticas. Entre 2010 y 2023, de los 47.239 abortos practicados a mujeres del Sistema Nacional de Salud en Castilla-La Mancha, solo 18.895 se realizaron en la región. Apenas 30 tuvieron lugar en hospitales públicos en 14 años, lo que evidencia —según denuncian— un patrón de objeción de conciencia generalizado.
Además, más del 60% de las mujeres que abortan cada año en Castilla-La Mancha deben desplazarse a otras comunidades. Esta situación, advierten, normaliza desigualdades territoriales y sobrecarga a quienes afrontan mayores dificultades económicas o sociales.
La Federación Mujeres Jóvenes también ha alertado de este problema. Su coordinadora, Lucía Candeira de Andrés, lamenta que en Castilla-La Mancha todos los abortos se deriven a dos únicas clínicas privadas, obligando a muchas mujeres a recorrer grandes distancias.
Candeira señala que esta dependencia del sector privado, unida a la falta de formación sanitaria y al estigma social, genera itinerarios “innecesarios” y complejos. Critica que las barreras políticas y administrativas siguen dificultando un derecho reconocido por ley.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado en la misma línea. Durante la presentación de un informe del Instituto de las Mujeres, advirtió de que el aborto en España sigue marcado por desigualdades territoriales, sociales y económicas.
Redondo defendió reforzar el servicio público y planteó incluso la posibilidad de blindar el derecho en la Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia. Según explicó, la externalización casi total en comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha “atenta contra la igualdad en el acceso a los derechos reconocidos por la Constitución”.
El informe presentado denuncia además que la objeción de conciencia actúa como barrera en fases previas al procedimiento, incluso en la información a las pacientes. También alerta del acoso que sufren las mujeres a la entrada de clínicas por parte de grupos antiabortistas.
La Federación Mujeres Jóvenes reclama medidas concretas: garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud con presupuesto específico; eliminar trabas administrativas para colectivos vulnerables; asegurar la accesibilidad de menores y mujeres con discapacidad; y desarrollar campañas de sensibilización libres de juicios morales.
Asimismo, proponen impulsar la educación sexual integral en los centros educativos y evitar la entrada de asociaciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos en las aulas. “El derecho a decidir no empieza en la clínica, sino en la escuela y en las propias casas”, subrayan.
Las organizaciones convocantes insisten en que el Gobierno regional debe abrir un diálogo real con la sociedad civil y aplicar medidas urgentes para garantizar el aborto en la sanidad pública. Recuerdan que se trata de un derecho reconocido por ley y que su incumplimiento perpetúa desigualdades.