La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca) impugnarán en los tribunales la reciente aprobación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha del nuevo Reglamento de Caza.
El presidente de la Federación de Caza de Castilla La Mancha, Agustín Rabadán, y el de Aproca Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva, han mantenido una reunión para valorar conjuntamente el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha publicado el pasado 2 de marzo.
En un comunicado de prensa, ambos han valorado que, desde los primeros borradores de reglamento que la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad remitió al sector cinegético, se hayan incorporado al texto inicial 52 alegaciones, de las 69 que presentaron ambas organizaciones.
Entre las mejoras que han supuesto dichas alegaciones, destaca la posibilidad de llevar la documentación en formato digital, la recuperación de la figura del vigilante de caza, las aclaraciones al uso de visores, la prioridad de los cazadores locales para control de poblaciones, la posibilidad de repetición de manchas de caza para reducir las poblaciones, la no consideración de suelta, los refuerzos realizados antes del 15 de septiembre o la ampliación de la temporada de caza de la perdiz en cuarteles comerciales hasta 31 de marzo.
No obstante, han advertido de que el nuevo Reglamento también contiene cuestiones "especialmente graves", como la prohibición de la munición de plomo en montes públicos con un periodo transitorio de tres años, una medida que en España solo ha implantado Castilla-La Mancha y que ni siquiera es obligada en la Unión Europea.
Ante esta medida y otras que se incluyen en el nuevo Reglamento, como contemplar la obligación de visar los planes de ordenación cinegética, "que no sólo incrementará la burocracia y los costes, sino que contraviene la ley ómnibus", la Federación de Caza y Aproca han decidido impugnarlo ante los tribunales.
Otros puntos del Reglamento que ambas entidades consideran negativos el es el aumento de las distancias de seguridad, la obligación de realizar medidas tendentes a minimizar daños del conejo, la dificultad técnica y económica que muchos cotos tendrán para la realización del plan de ordenación cinegética, al incrementar las exigencias como la redacción de planes zoosanitarios, o la oportunidad perdida para reducir la carga burocrática.
Rabadán y Villanueva entienden que el Reglamento debe ser "un texto vivo", que pueda adaptarse a las necesidades de la propia actividad cinegética y que pueda corregir los posibles desajustes que se deriven de su aplicación.
La Federación de Caza y Aproca han solicitado una reunión al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, con el objeto de analizar la implementación del reglamento y solicitarle la modificación de la Ley 9/99, que, vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia, atribuye a los titulares de los cotos la responsabilidad universal de todo lo que ocurra dentro de los mismos.
