La exposición "40 años de Bienestar social" sintetiza en cuarenta instantáneas los avances más representativos que se han desarrollado en Castilla-La Mancha en materia de Bienestar Social desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, embrión del Estado autonómico.
La muestra se podrá visitar en las dependencias de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social hasta mediados de enero e itinerará por las capitales de provincia y otros grandes municipios de Castilla-La Mancha, tal y como ha explicado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante el acto de presentación de la exposición.
Cuarenta imágenes en blanco y negro y en color componen esta crónica visual que se inicia con la construcción de la autonomía castellano-manchega, tras la aprobación de la Carta Magna de 1978, a partir de la cual se transfieren competencias relacionadas con la mujer y la acción social, y la aparición a comienzos de los años 80 de los servicios sociales municipales con los primeros asistentes en la comunidad que "atendían a los colectivos más necesitados".
Uno de los hechos destacados para la titular autonómica de Bienestar Social es el Plan Concertado de Servicios Sociales, nacido del acuerdo entre Gobierno, comunidades autónomas y consistorios, para que hubiera profesionales en las administraciones locales que atendieran las necesidades de distintos colectivos.
A partir de la década de los noventa, los mayores, las personas con discapacidad, los niños, las familias y los pobres encontraron, en palabras de Aurelia Sánchez, "su sitio dentro de las políticas sociales que se estaban configurando".
Varias fotografías de esta exposición lo corroboran, pues en 1991 la Junta impulsó la primera campaña contra los malos tratos junto al primer mapa de servicios sociales de la comunidad, en 1994 se construyó la primera vivienda para ancianos en Cogolludo (Guadalajara), dos años después arrancó el programa de acogimiento familiar y en 1998 se inició la teleasistencia para personas mayores.
Del siglo XXI, un período "muy convulso" para la región, según la consejera, por la crisis económica que condujo a un recorte en políticas sociales, ha destacado como emblemáticos la puesta en marcha del programa de termalismo, la aprobación de la normativa de prevención de malos tratos -la primera del país y que este 2018 se ha actualizado con la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, y la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad.
"Castilla-La Mancha ha sido pionera y rupturista con las leyes que ha aprobado", ha sentenciado la titular regional de Bienestar Social, quien ha resaltado que la voluntad política de los distintos gobiernos que ha tenido la región por dar cobertura, en colaboración con las entidades sociales, a los colectivos más desfavorecidos durante las últimas cuatro décadas, ha conllevado el aumento de su bienestar y una disminución "significativa" de los índices de pobreza.
De la última década, hay instantáneas del cartel de la campaña del programa de intervención en abuso sexual (2009) o de las protestas de la marea naranja, movimiento en defensa de unos servicios sociales de calidad que aglutinaba a sindicatos, colegios profesionales y asociaciones sin ánimo de lucro, en la toledana Plaza de Zocodover.
Para Aurelia Sánchez, en esta legislatura se están recuperando derechos que, a su modo de ver, se perdieron en la anterior en materia de dependencia, ya que Castilla-La Mancha atiende a 60.000 personas, 55 al día, mientras que, "con el anterior Gobierno, tres personas eran expulsadas del sistema cada día", ha aseverado.
