Expectación y dudas en jueces y fiscales ante su primera reunión con la ministra

Las asociaciones, que el pasado 22 de mayo convocaron una inédita huelga conjunta para reclamar mejoras retributivas y la despolitización del sector, confían en que el ministerio presente planes con avances concretos, sin descartar a priori la posibilidad de nuevas protestas en el futuro

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante su comparecencia en Comisión en el  Congreso de los Diputados junto a la diputada socialista Isabel Rodríguez
photo_camera La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante una comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados

Las asociaciones de jueces y fiscales acuden con expectación y bastantes dudas este lunes a su primera reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que conoce a la perfección sus reivindicaciones y que, antes de llegar al Gobierno, participó como fiscal en sus movilizaciones.

Las asociaciones, que el pasado 22 de mayo convocaron una inédita huelga conjunta para reclamar mejoras retributivas y la despolitización del sector, confían en que el ministerio presente planes con avances concretos, sin descartar a priori la posibilidad de nuevas protestas en el futuro.

Por el momento la ministra ha dicho "no" a una importante reivindicación de los jueces -que jueces y magistrados elijan a los doce vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ)- y ha aceptado una petición central de los fiscales -la reforma de los plazos máximos de instrucción en causas penales-.

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), acudirán al encuentro con ánimo constructivo, confiados en que se avance sobre los acuerdos ya negociados con el anterior Ministerio.

"Esperamos no tener que retomar las movilizaciones, pero no nos temblará el pulso", avisa no obstante el presidente de la APM, Manuel Alvear, quien apunta que, aunque no se reforma el sistema de elección de los vocales GGPJ, sí puede mejorarse su funcionamiento, pueden suprimirse los magistrados designados por las comunidades autónomas y también darse pasos para recuperar el poder adquisitivo.

"Vamos a colaborar lealmente con la ministra, pero nuestras peticiones están ahí", coincide en declaraciones a Efe el portavoz de la Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.

Las asociaciones quieren comprobar qué margen presupuestario tiene el ministerio para satisfacer sus reivindicaciones salariales, pero "hay muchas peticiones de carácter político" que no implican gasto; "si la intención es marear la perdiz, vamos a seguir en la brega", afirma Prado.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, confía en que haya entendimiento con una persona que "conoce perfectamente las carencias" de las carreras judicial y fiscal.

Menos comprensiva se muestra la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, quien instará a la ministra a apoyar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha presentado Ciudadanos para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.

"No vamos a renunciar a esa petición", recalca Rodríguez, quien tiene ya diseñado un posible calendario de paros para el último trimestre del año.

Para la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, la sorpresa habría sido que el Gobierno aceptara esa reforma del CGPJ, que rechazan tanto PP como PSOE, por lo que habrá que analizar la respuesta al resto de reivindicaciones profesionales.

"Vamos a escuchar, con optimismo, porque algo tienen que conceder", estima Dexeus.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización a la que pertenecía la ministra antes de ser nombrada, también acude a la cita "con curiosidad", aunque su presidente, Emilio Fernández, cree que el clima general previo "no es de satisfacción".

"Llega un poquito tarde, va a depender de qué asuma y de lo que se avance", señala Fernández, quien confía en que la mesa de retribuciones se reúna a más tardar en septiembre, después de que se desconvocara en junio al triunfar la moción de censura.

El portavoz de la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, coincide en que se ha perdido "un tiempo precioso", aboga por acabar con la politización de la Justicia, que "contamina todo", y reclama "más medios y más dinero".

"Ilusión hay, pero las movilizaciones no están descartadas", reconoce Pallarés, quien por el momento ve "poco estético" que miembros de la UPF hayan copado la mayoría de los altos cargos.

Pertenecían a esa asociación la ministra, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz; la fiscal general del Estado, María José Segarra; el futuro responsable de la secretaría técnica de la Fiscalía, Fernando Rodríguez Rey; y la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María de las Heras. 

Comentarios