Una pareja de divorciados deberá someterse a un tratamiento para mejorar las relaciones entre ellos y con sus hijos, a los que afecta su situación, según una sentencia en la que se les advierte que de no hacerlo, se les pueden imponer multas coercitivas.
La resolución de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso EFE, confirma prácticamente en su integridad la emitida por un juzgado de primera instancia de esta ciudad que en diciembre pasado estimó sustancialmente la demanda presentada por la esposa.
Lo único que modifica es que una vez desarrollada esa terapia, será el juez, y no un terapeuta, quien determinará las condiciones de reanudación de las visitas del padre a los dos hijos del matrimonio.
En la sentencia ahora ratificada, el juzgado dictó que los divorciados debían seguir un tratamiento con un psicólogo que modificara en la madre sus criterios sobre la figura paterna para los hijos y, en el caso del padre, mejorar las habilidades de esa condición y su implicación en la atención que sus descendientes merecen.
El juzgado les dio cinco días de plazo para que lo designaran, con la advertencia de que si no lo hacían ellos, sería el juez el que lo haría, y les obligó a compartir a partes iguales los gastos que les acarreará el tratamiento.
