La estrategia sanitaria de Castilla-La Mancha engloba los derechos de los pacientes

El debate sobre la eutanasia, tanto desde el punto de vista bioético como del sanitario, lleva décadas presente en nuestro país y en los de nuestro entorno, pero se aviva periódicamente a raíz de casos individuales que, por su gravedad, conmueven a la opinión pública
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El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que la estrategia de humanización de la Consejería de Sanidad parte de la mirada de dignidad del enfermo, no como mero usuario de un servicio asistencial sino como sujeto de derechos propios.

Así lo ha destacado en la inauguración de una jornada que se ha desarrollado bajo el título 'Humanización al final de la vida. Diálogos en torno a la Proposición de Ley de Eutanasia', ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

La estrategia de humanización llevada a cabo, desde la legislatura anterior, por la Consejería de Sanidad y el Sescam parte de la mirada de dignidad de la persona enferma, no como mera usuaria de un servicio asistencial, sino sujeta de derechos propios, con derechos a la información sobre su situación de salud y a la decisión sobre las actuaciones asistenciales sobre su persona.

Fernández Sanz se ha referido a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, en recuerdo de la fecha en la que fue aprobada por parte de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al reciente Día de la Constitución, y ha subrayado que se trata de "hacer compatibles derechos individuales con el aseguramiento de derechos colectivos a proteger, especialmente por la vulnerabilidad de las personas de algunos grupos de población".

En ese sentido, el consejero de Sanidad ha subrayado que "todos los derechos deben ser entendidos con los límites de los derechos de los demás a título individual, y de los demás como unidad social, base en la que se han cimentado en este contexto, al igual que siempre, las actuaciones en el ámbito de la Salud Pública".

En cuanto a la regulación de la eutanasia abordada en esta jornada, Fernández Sanz ha destacado que la legalización y regulación de la eutanasia, mediante la Proposición de Ley presentada ante las Cortes generales en enero de este año por el Grupo Parlamentario Socialista, ha reabierto el debate sobre colisión posible de derechos, por un lado el fundamental derecho a la vida y a la integridad física y moral, y por otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Lo cierto es que todos, especialmente los profesionales sanitarios, nos preguntamos cómo se debería actuar ante situaciones similares de personas que, padeciendo una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos insoportables, físicos o psíquicos, han manifestado reiteradamente su voluntad de poner fin a su vida", ha afirmado el consejero de Sanidad.

En los países del entorno hay dos modelos normativos, los países que despenalizan las conductas eutanásicas al considerar que aquellos quienes las realizan no se mueven por conductas egoístas, sino por una razón compasiva, pero no hacen una regularización normativa expresa, y los países que regulan la eutanasia como una práctica legal, siempre que se observen determinados requisitos y garantías.

El consejero ha considerado que "llegar a un consenso en relación a cuáles deben interpretarse como los valores y opiniones prevalentes en nuestra sociedad actual en relación a la eutanasia, es algo que se nos antoja realmente complicado, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de polarización en el que se encuentran las sociedades actuales, agravada claramente por la pandemia".

En la jornada han participado expertos como David Larios, profesor asociado de la Escuela Nacional de Sanidad y de diversos cursos de postgrado en Derecho Sanitario y Bioética, y Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad y una de las personas que participó en el grupo de trabajo de la redacción de la Proposición de Ley.

También, Carmen Tomás-Valiente Lanuza, profesora de Derecho Penal, y Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. 

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