viernes 03.04.2020

El Estado y el Gobierno de CLM inician negociación sobre la Ley de Violencia Machista

Las discrepancias han surgido, específicamente, en los artículos 4, 22 y 34 de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha

Imagen de archivo de familia tras la aprobación de la Ley en el Parlamento catellano-manchego
Imagen de archivo de familia tras la aprobación de la Ley en el Parlamento catellano-manchego

La Comisión Bilateral entre el Estado y Castilla-La Mancha ha iniciado negociaciones para resolver las "discrepancias" relacionadas con varios artículos de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado mes de octubre.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este miércoles la resolución de Presidencia de Castilla-La Mancha con el acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, del que también se ha informado al Tribunal Constitucional.

Las discrepancias han surgido, específicamente, en los artículos 4, 22 y 34 de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

En el artículo 4 las dudas surgen en el apartado que indica: "Acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral: cualquier comportamiento de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una mujer o, acoso por razón de sexo, que cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo por comportamientos realizados en función del sexo con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad".

En el artículo 22 se trata del punto que dice: "La prestación de los servicios se realizará durante toda la tramitación de los procedimientos judiciales, incluida la ejecución de sentencia, por profesionales de la abogacía con especialización en violencia de género, en aquellos supuestos no contemplados en la legislación nacional sobre asistencia jurídica gratuita".

Y respecto al artículo 34, es el que aborda la prohibición para obtener ayudas públicas por prácticas laborales discriminatorias.

La Comisión Bilateral ha acordado designar un grupo de trabajo para proponer una solución. 

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