martes 7/12/21

Castells: No llevaré la ley universitaria al Congreso sin el apoyo de los grupos

La memoria económica que acompañará a la futura ley orgánica evaluará el costo de aplicarla. "No es una promesa de financiación del Gobierno" ya que eso depende de los presupuestos generales del Estado (PGE) y, en última instancia, de lo que decida el Parlamento, razona
Manuel Castells: No llevaré la ley universitaria al Congreso sin el apoyo de los grupos
Manuel Castells: No llevaré la ley universitaria al Congreso sin el apoyo de los grupos

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no enviará la reforma universitaria a las Cortes si no hay una predisposición favorable a aprobarla por parte de los grupos políticos y, en caso de tramitarse, quiere el apoyo de una "mayoría absoluta", no basta con que sea "suficiente" para sacarla adelante.

"Yo no voy a llevar la ley al Congreso sin saber que al menos hay una predisposición favorable a aprobar la ley, con enmiendas, si es necesario", señala el catedrático de Sociología, uno de los más prestigiosos del mundo, durante una entrevista con EFE, en la que pronostica que será un debate parlamentario largo de muchos meses.

El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que introduce cambios de calado en el mundo académico y que pasó por el Consejo de Ministros en primera lectura el 31 de agosto, sí llevará una memoria económica con la evaluación del costo de aplicarla, pero "no será una promesa de financiación", anuncia Castells, nombrado ministro de Universidades en el primer Gobierno de coalición de la democracia española, en 2020.

El siguiente paso será que el texto pase en segunda lectura por el Consejo de Ministros y para eso "quiero el más amplio consenso posible" de la comunidad universitaria -que ha presentado numerosas alegaciones- y de los grupos parlamentarios. "Puede haber flecos que queden pero que claramente no sean mayoritarios en términos de posible rechazo".

Una ley orgánica "hay que debatirla y en el proceso parlamentario se podrán hacer enmiendas hasta que haya mayoría absoluta de votos, y digo bien mayoría absoluta de votos, no suficiente. Yo esta ley quiero que se apruebe por mayoría absoluta, vamos a ver hasta dónde podemos llegar", subraya el ministro, que ha incorporado muchas de las peticiones de rectores, estudiantes y sindicatos sobre cómo debe ser el gobierno de la Universidad.

Reconoce Castells, de 79 años, que al inicio de la discusión de la LOSU albergaba esperanzas de lograr un pacto de Estado por la Universidad, sin embargo ahora "soy pesimista dada la actitud de la derecha y de la ultraderecha".

LA MEMORIA ECONÓMICA, AÚN EN BORRADOR

La memoria económica que acompañará a la futura ley orgánica evaluará el costo de aplicarla. "No es una promesa de financiación del Gobierno" ya que eso depende de los presupuestos generales del Estado (PGE) y, en última instancia, de lo que decida el Parlamento, razona.

Recuerda que el anteproyecto sí recoge la disposición de la última ley educativa -Lomloe o ley Celaá, aprobada en diciembre de 2020-, de que Gobierno y comunidades autónomas deberán acordar en el plazo de dos años fórmulas conjuntas para dedicar durante la próxima década el 5 % del PIB al gasto educativo, del que algo menos del 1 % corresponde a la universidad.

A esto, subraya, hay que sumar que en los próximos diez años se producirán jubilaciones "masivas" de profesores universitarios, "entre un 30 % mínimo y un 50 %", y que los PGE de 2022 prevén subir la tasa de reposición del actual 110 % al 120 %.

Al mismo tiempo, recuerda, "no puede haber financiación finalista del Gobierno a las comunidades autónomas", a las que "hemos pedido de forma reiterada que si piensan que la universidad es importante aumenten la financiación con los fondos de la transferencia que les ha hecho el Gobierno (146.000 millones en los PGE de 2021)".

LA PARIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Por otro lado, Castells rechaza las "voces de la extrema derecha" que critican la discriminación positiva para que un mayor número de mujeres ocupen cargos y plazas en el mundo universitario: "Es lo que se hace en el mundo mundial" con el objetivo de compensar el "bagaje histórico que llevamos".

La futura ley establece la obligación de que todos los órganos colegiados tengan una composición equilibrada, entre hombres y mujeres, impulsa a la adopción de medidas de acción positiva en la asignación de plazas de profesores y establece la creación de unidades de igualdad y un protocolo contra el acoso sexual.

El catedrático emérito de Sociología en la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.), donde enseñó durante 24 años, explica que el Gobierno quiere promocionar por igual la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento porque, "por el motivo que sea", muchas mujeres avanzan más en la enseñanza y menos en la actividad científica, lo que al final puede generar "una división de género".

Históricamente, señala, en el mundo universitario existe "la tradición" de que a los profesores se les paga por enseñar y se les promociona por investigar: "Siempre ha habido contradicción de si me dedico a los alumnos no promociono". ¿Por qué no premiar a los que quieren ser profesores?".

Ahora, la evaluación de los docentes se centra sobre todo en la labor investigadora a través de los sexenios de investigación, mientras que la nueva ley implantará como novedad los sexenios de docencia.

LA PRECARIEDAD LABORAL: EL CABALLO DE BATALLA

Uno de los ejes de la nueva ley es acabar con la precariedad de las plantillas universitarias, reduciendo la temporalidad del 40 % que permite hoy la Ley Orgánica de Universidades a un máximo del 20 %.

Para ello se establecerán medidas como subir el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55 % y la reserva de plazas para los profesores asociados en las universidades con más del 15 % de plazas cubiertas por ellos.

La figura del asociado se creó tiempo atrás para que profesionales de otros sectores aportasen su experiencia al mundo académico, pero al final se ha convertido en una forma de cubrir plazas a un menor coste.

En opinión de Castells, la precariedad y temporalidad de las plantillas -que afecta sobre todo a profesores ayudantes y a los llamados falsos asociados- no se pueden cambiar de un día para otro y tampoco es una cuestión de "buenos y malos" sino que muchas universidades se han visto con "el agua al cuello".

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