Subirats: La nueva ley universitaria garantizará una inversión del 1% del PIB

Por otra parte, el ministro de Universidades cree que la inmersión lingüística ha funcionado "perfectamente" en Cataluña
El ministro de Universidades, Joan Subirats, en un momento de la entrevista con la Agencia Efe
photo_camera El ministro de Universidades, Joan Subirats, en un momento de la entrevista con la Agencia Efe

La inversión pública en las universidades deberá llegar "como mínimo" al 1 % del PIB de aquí a 2030, una exigencia que se incorporará al nuevo texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, según afirma el ministro de Universidades, Joan Subirats, que sugiere la vía del Tribunal Constitucional si se incumple este compromiso financiero.

"No me veo capacitado de presentar un proyecto de ley que pretenda ser novedoso y que sitúe a la Universidad española en el escenario de un cambio de época si al menos no viene acompañado de un 1 % de inversión pública", subraya el ministro de Universidades en una entrevista con EFE, quien sustituyó a Manuel Castells hace dos meses tras su renuncia al cargo por cuestiones de salud.

Actualmente, este porcentaje se sitúa en torno al 0,7 % del PIB, que en conjunto del año 2021 ascendió a 1.202 millones de euros, un 7,2 % superior al de 2020.

El 77 % de la financiación para las universidades procede de las administraciones autonómicas, el 6 % del Estado y el resto de la captación de fondos que hacen las propias instituciones de educación superior.

MÁS TRANSPARENCIA PARA SABER CÓMO ESTÁN INVIRTIENDO LAS CCAA

Subirats opina que hay un problema de transparencia con el dinero que asigna la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, competentes en la materia y libres de decidir el destino de las cuantías económicas ya que no son partidas presupuestarias con carácter finalista.

Sin embargo, hay datos, evidentemente, de lo que se transfiere a las comunidades y lo que invierten en las universidades, por tanto puedes hacer un seguimiento y comprobar quién está cumpliendo.

En caso de incumplimiento de dicho 1 % del PIB, las universidades -a título individual o agrupándose- pueden acudir al Tribunal Constitucional. El sistema normativo tiene sus elementos de protección y la idea de transparencia ayuda a que las universidades tengan una capacidad de exigencia en relación a su comunidad autónoma mayor que si no existiera esa capacidad, explica.

Según el catedrático de Ciencias Políticas, que se jubiló en agosto pasado tras medio siglo de docencia e investigación en la Universidad, lo primero es que el Estado cumpla con ese compromiso del 1 % y, a partir de ahí, trasladarlo al resto. Es una exigencia que yo me pongo y, por tanto, tendré que hablar con el Gobierno para que esto pueda incorporarse al texto de la LOSU, que se enviará al Congreso de los Diputados en mayo próximo como muy tarde.

Recuerda, en este contexto, que el sistema universitario ha perdido en los últimos diez años alrededor del 20 % de financiación y advierte de que si no se recupera un nivel no solo aceptable, sino conveniente para el país, habremos fracasado desde el punto de vista de innovación legislativa.

La Lomloe, conocida como Ley Celaá, establece que el 5 % del PIB debe destinarse al sistema educativo en su conjunto en 2030, sin especificar qué proporción debería corresponder a las universidades.

En España, hay casi 1,7 millones de estudiantes de educación superior -8,2 millones en enseñanzas no universitarias- y su personal docente e investigador suma más de 127.000 profesionales.

LOS EQUILIBRIOS PARLAMENTARIOS PARA APROBAR LA LEY

La futura ley universitaria, que por su carácter orgánico precisa para su aprobación de una mayoría absoluta en la Cámara (175 escaños), pretende reunir "el máximo consenso posible" y hasta la fecha me he reunido con trece grupos parlamentarios y no hay un rechazo significativo, sí discrepancias y dudas porque aún no se conoce el nuevo borrador (el anterior es de noviembre pasado).

En opinión de Subirats, que dio el salto a la política de la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la ideología que debe impregnar la futura reforma universitaria es la de colocar la educación en primer término, no que forzosamente el partido de la oposición se encuentre con que esta no es su ley.

¿QUÉ PASA CON LOS RÁNKINGS DE UNIVERSIDADES?

España no tiene hoy a ninguna universidad en el top 100 mundial, pero cuenta con 40 (la mitad del total) entre las 1.000 primeras.

Ante esta realidad, el politólogo afirma que el problema reside en qué se basan esas clasificaciones, por ejemplo uno de los más famosos, el de Shanghái, valora mucho el número de Premios Nobel en las plantillas de las instituciones de educación superior, un perfil casi inexistente en nuestro país.

Pero si miras el ránking del nivel de investigación de las universidades españolas en todo el mundo estamos en la posición doce, que es muy alto en comparación con lo que representamos en el mundo desde el punto de vista de población, de PIB dedicado a educación etc. En general, el nivel de investigación de las españolas es muy alto, el nivel singular de cada una de ellas quizá no sea tan alto, pero en conjunto el resultado es bastante bueno.

A lo mejor necesitamos otros ránkings: de capacidad de transferencia a la sociedad, de presencia democrática de la población en la Universidad -tenemos el porcentaje más alto de la Unión Europea de personas de 29 a 34 años con título universitario, el 47 %. Esto quiere decir que a lo mejor no estamos en el top ten pero estamos en el primer nivel de acceso a la Universidad y nos gustaría proseguir, mi horizonte es conseguir la gratuidad.

¿DEMASIADAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN ESPAÑA?

Por otro lado, Subirats, uno de los impulsores de la plataforma Guanyem Barcelona (precursora de Barcelona en Común), cree que el problema no radica en si hay un exceso de nuevas universidades en el país, sino la calidad de las mismas.

El decreto aprobado por Castells sobre los requisitos que deben cumplir estas instituciones académicas va en la línea adecuada. No puedes hacer una universidad que de universidad solo tenga el nombre y que sean academias disfrazadas. Evidentemente, tenemos el dilema de qué hacemos con las creadas antes del real decreto.

Estas últimas, recuerda, tendrán un plazo de cinco años para adaptarse a las nuevas exigencias y al término de ese periodo, las comunidades autónomas tendrán que ejecutar la normativa y llamar al orden a las que incumplen.

INMERSIÓN LINGÜISTICA EN CATALUÑA

Por último, y de otro lado, el ministro de Universidades cree que la inmersión lingüística ha funcionado "perfectamente" en Cataluña y añade que la Generalitat "lo que tiene que hacer es cumplir" la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos el 25 % de las clases en la escuela catalana.

"Lo que tiene que hacer la Generalitat es cumplir la sentencia (del TSJC) y buscar las fórmulas para que eso se cumpla. No tengo los datos suficientes para saber si se esta cumpliendo, pero imagino que en eso están", explica el ministro.

En la práctica, continua, la inmersión lingüística "ha funcionado perfectamente y ha sido un instrumento de cohesión social de valor incalculable".

"Ha evitado que se generara la lógica de dos comunidades lingüísticas y, por tanto, ha permitido que esas cosas, que para mi habría sido terrible, que en el patio se jugara al fútbol los del catalán contra los del castellano. Esto no ha pasado".

A su juicio, se trata de una "ventaja indudable del sistema, otra cosa es que pueda haber lugares o sitios en los que se necesite más presencia del catalán o del castellano".

La capacidad de adaptación del sistema ha ido funcionando y "si uno ve el nivel de denuncias que ha habido, en comparación con el número de alumnos que hay -no es que haya que pasarlas por alto-, el nivel de ruido habría sido mucho más alto" del que existe, concluye.

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