La auditoría ejecutada en la red de residencias de mayores de Castilla-La Mancha para analizar su funcionamiento y respuesta durante la pandemia sanitaria se ha saldado con un total de 329 inspecciones realizadas, análisis del que sólo la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real) ha desembocado en expediente sancionador y acciones judiciales por su mala praxis.
Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, en una entrevista con Europa Press, donde ha apuntado que, en todo caso, se va a seguir trabajando en la línea de "revisar y ver todo" lo relativo al funcionamiento de estos centros para que cumplan con sus "funciones básicas" y que ofrezcan un servicio de "calidad".
Así, ha afirmado que, de estas inspecciones, "en líneas generales los resultados han sido buenos", teniendo en cuenta que aplacar los efectos de la pandemia, sobre todo en las primeras semanas, era como "poner la mano debajo de un grifo e intentar que el agua no escape".
Por ello, "por muy buen trabajo que se haya realizado en residencias", donde ha habido "sobreesfuerzos importantes" gracias a unos profesionales que "incluso han dejado a sus familias para luchar por los mayores", ha sido difícil combatir el virus.
Con todo, el resultado de esta auditoría no ha revelado "grandes problemas" en cuanto al funcionamiento de las residencias, al margen de la existencia de un problema "principal", y es que el virus "ataca principalmente a las personas mayores".
Más allá de la residencia de Tomelloso "no hay más" en toda la región que haya presentado irregularidades merecedoras de expediente sancionador, aunque, eso sí, "no siempre todo es perfecto" y todas las deficiencias detectadas tendrán que arreglarse.
"El resultado generalizado del análisis en residencias ha sido que han hecho mucho esfuerzo y trabajo durante la pandemia", ha enfatizado.
Con la experiencia acumulada tras esta pandemia, la titular de Bienestar Social da por hecho que en el caso de repetirse una situación como esta habría procedimientos a cambiar. "Pero eso no quiere decir que en su momento no se haya dado el cien por cien", ha zanjado.
OBJETIVO EN DEPENDENCIA: LLEGAR A 0 EXPEDIENTES EN TRÁMITE
Sobre el estado de salud del Sistema de Dependencia en la Comunidad Autónoma, Bárbara García ha reconocido como un "objetivo real" poder acabar con la lista de espera de los expedientes en trámite.
En esta línea, asegura que es su intención finalizar la legislatura casi sin lista de espera de personas pendientes de ser valoradas. "Intentaremos reducir al máximo estos expedientes, trabajando más en el día a día y con valoraciones más inmediatas", ha indicado.
Esta cifra estaría lejos de los casi 27.000 expedientes encontrados en 2015, toda vez que en estos momentos quedan pendientes unos 2.500, lo que supone "una reducción del 90%" con respecto al inicio de la pasada legislatura.
En estos momentos son más de 75.000 las prestaciones concedidas para cerca de 60.000 usuarios, además de otros programas que llegan a más de 280 municipios desplegados por toda la región.
NUEVA REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha afirmado que su idea es que la orden que regulará la atención en centros residenciales de mayores, circunscrita al Decreto del Concierto Social, esté lista para su puesta en marcha el 1 de enero del próximo año y ha manifestado que espera que en esta legislatura se desarrollen "cuantas más mejor" del resto de órdenes recogidas dentro de este Decreto.
García Torijano afirma que el Decreto del Concierto Social era "muy esperado y deseado" y ha insistido en que la orden de centros de mayores será la primera, con la idea de que sirva de "ejemplo" para las demás.
La consejera ha detallado que esta orden va a tener dos partes, una para los centros residenciales que ya están en marcha, a los que se les "garantizará las plazas que tienen hoy y se ampliarán plazas", y otra para los centros de nueva construcción.
En este punto, ha desgranado que en las residencias ya abiertas la orden tendrá una duración de cuatro años prorrogables a diez "para dar esa estabilidad" necesaria, mientras que en las de nueva construcción los plazos serán de 10 años prorrogables hasta 20, también con la idea de generar estabilidad.
Asimismo, ha añadido que se buscarán unos modelos asistenciales "muy diferentes a los que venimos conociendo, nada institucionales sino más de unidades de convivencia", con el objetivo de que "las residencias sean un hogar" y los ancianos "se sientan como en su casa".
En cuanto al resto de órdenes recogidas en el Decreto, no ha asegurado cuándo podrán aprobarse ni en qué términos, aunque ha aseverado que "de forma paralela" a la orden de mayores, desde la Consejería también se está trabajando en el resto.
"Tenemos que ir poco a poco sacando órdenes y ver en qué podemos mejorar o perfeccionar. Vamos a ir con una hoja de ruta y trabajando en las principales, en este caso la de mayores y, en base a esa, cuando empiece a estar en funcionamiento, perfeccionaremos y será guía para las demás", ha comentado.
"BUENOS RESULTADOS" DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
En otro orden de cosas, la consejera de Bienestar Social ha desvelado que actualmente se están dando en la Comunidad Autónoma casi 10.000 prestaciones del Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central, así como unas 1.200 del Ingreso Mínimo de Solidaridad de la Administración autonómica, al margen de otras como las ayudas de emergencia que también concede el Gobierno regional.
García Torijano ha considerado estos datos como unos "buenos resultados" de la implantación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, ya que "se están dando más prestaciones que se daban antes", además con un ingreso estatal que tiene "más garantías" al no variar por cambios de residencia entre comunidades autónomas, entre otras cuestiones.
La tendencia, ha explicado, es que las prestaciones autonómicas vayan descendiendo según las del Ingreso Mínimo Vital se vayan imponiendo. "La tendencia es que todos los usuarios que lo necesiten se deriven al Ingreso Mínimo Vital y que con la reorganización de las prestaciones que estamos elaborando ninguna persona de Castilla-La Mancha se quede sin sus coberturas", ha enfatizado.
Sobre esto, ha recordado que la Consejería está trabajando en un decreto de reorganización de las prestaciones para que el Gobierno regional llegue a los casos donde el Ingreso Mínimo Vital no lo haga. Este decreto, ha sostenido, está "muy avanzado" y no tardará en ver la luz pública, ha asegurado.
