Veinte días después, la polémica por el caso de los titiriteros sigue dando que hablar y hasta el New York Times se ha sumado esta semana al debate de jueces e instituciones españolas sobre la delicada línea que parece dibujarse entre el delito, el enaltecimiento del terrorismo y la libertad de expresión.
En los últimos dos años 95 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad acusadas de hacer apología del terrorismo, muchas de ellas por internet, según las cifras del Ministerio del Interior. Un ejemplo fueron los 63 detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación Araña contra el enaltecimiento en Twitter y Facebook.
Mientras, la última memoria de la Fiscalía, relativa a 2014, refleja que se incoaron 33 diligencias de investigación por este delito y que la mayoría, 27, fueron archivadas, si bien subraya el "importante" aumento de arrestados, sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales.
Una tendencia que alarma a entidades como Amnistía Internacional, que en su informe anual presentado esta misma semana denunciaba que la definición tan vaga del terrorismo puede restringir "desproporcionadamente" el derecho de la libertad de expresión.
Lo advirtieron también hace un año cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas cuando comenzaban a debatirse las reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.
A su juicio, la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de "incitación y enaltecimiento" o "justificación" del terrorismo son "excesivamente amplias e imprecisas", lo que podría criminalizar conductas que, sin ser constitutivas de terrorismo, podrían restringir por el contrario el ejercicio de la libertad de expresión.
Sobre esta delgada frontera, asociaciones de jueces se pronuncian con contundencia. Jueces para la Democracia ve con preocupación el aumento de causas de enaltecimiento del terrorismo que han entrado en la Audiencia Nacional en los últimos años.
Joaquim Bosch, su portavoz, apunta a Efe que si en 2007, con ETA todavía activa, se dictaron 3 sentencias por este delito, en 2015 la cifra se elevó a 25, de las cuales 19 fueron condenatorias.
Bosch recuerda que en la última reforma del Código Penal se han aumentado las penas para este delito de 1 a 3 años y no de 1 a 2 como hasta ahora, lo que, en su opinión, "facilita" las detenciones, los ingresos en prisión provisional y sobre todo que "el terrorismo se instrumentalice políticamente".
Una dinámica peligrosa, critica el presidente de la asociación de jueces progresistas, en un momento en el que humoristas, artistas y ciudadanos anónimos han convertido las redes sociales en una gran plaza pública.
"Es una desmesura comparar estos casos con la actividad terrorista", añade Bosch, quien aboga porque se reserve el delito de enaltecimiento del terrorismo a las actuaciones que supongan la comisión en un futuro de una acción terrorista.
Y apostilla: "Se puede criticar la obra de los titiriteros, pero no decir que fue apología del terrorismo ni que aventurase la comisión de un atentado".
Más allá va el expresidente del Tribunal Constitucional y del Supremo Pascual Sala, que, en declaraciones a Efe, califica de "excesivamente rigurosa" la decisión judicial del ingreso en prisión de los dos artistas titiriteros.
"No hubo delito, sencillamente. Probablemente una falta administrativa relacionada con el contenido de la obra para el público infantil", opina Sala, mientras que la vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrada de lo penal de la Audiencia de Barcelona Roser Basch indica a Efe que la medida de prisión provisional, sin valorar ningún caso en concreto, "es excepcional".
Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), prefiere ser prudente a la hora de cuestionar e interpretar las sentencias condenatorias por enaltecimiento del terrorismo, pues la propia configuración compleja de este delito "puede llevar a lecturas erróneas".
Frente a quienes ven excesivos este tipo de casos, las asociaciones de víctimas son contundentes. La AVT llegó a querellarse, aunque la Fiscalía no la aceptó, contra la propia alcadesa de Madrid, Manuela Carmena y la concejal de Cultura, Celia Mayer, por el espectáculo de los títeres a quienes reprochan usar dinero público para decir "Gora Alka-ETA".
De denigrante e intolerable tildó la actuación el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, para quien resulta "evidente" que el contenido de la obra de los titiriteros supuso "una incitación directa de odio y violencia" hacia la judicatura o la iglesia.
¿Pero qué piensan los acusados? Tras pasar cinco días en prisión, Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Torre, los dos titiriteros, defienden que la libertad de expresión es un derecho fundamental "que permite decir las cosas que al de al lado no le gustan, o no le apetece oír, o incluso le horroriza escuchar".
"No es el derecho de decir sólo lo que uno quiere escuchar. Quien la entienda así, en realidad no cree en ella", añaden.
Beligerante se muestra el líder del grupo Def con Dos César Montaña Lehman, que se sentará próximamente en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde se enfrenta a la petición de un año y ocho meses de prisión por publicar entre 2013 y 2014 seis comentarios en su perfil de Twitter.
Montaña Lehman, conocido como César Strawberry, deja claro a Efe que su acusación se debe a que España se encuentra "en un momento de retroceso en materia de libertades civiles".
"Hay más ahínco en perseguir a los titiriteros o a mí que en perseguir a aquellos que están expoliando las arcas del Estado", critica Strawberry, que defiende que sus comentarios en Twitter fueron irónicos y que "en ningún caso quería humillar a las víctimas ni enaltecer el terrorismo".
En definitiva, y como titulaba su análisis el pasado jueves el New York Times parece que "los títeres y los tuits están poniendo a prueba la libertad de expresión en España".
