El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado un protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes una resolución de la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que da publicidad a este protocolo, que cuenta con el respaldo unánime de la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público.
El protocolo será de aplicación a la totalidad del personal de Administración General de la Junta y de sus organismos autónomos y se podrán implementar protocolos propios para el personal docente o estatuario, que den respuesta a sus necesidades específicas, ha informado la Junta en nota de prensa.
También se establecerán mecanismos de coordinación para extenderlo al personal externo que realice su trabajo en instalaciones de la Administración regional.
En materia de prevención, además de dar a conocer el protocolo a todas las personas que trabajen en la Administración regional, se llevarán a cabo sesiones de información y sensibilización y se ofrecerá formación específica a las personas que van a participar en el procedimiento que se abra ante presuntas situaciones de acoso sexual o por razón de sexo o que van a asistir a las presuntas víctimas en dicho procedimiento, entre otras actuaciones.
En el texto se regula de manera detallada el procedimiento que se debe seguir frente a situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, y se fija para su tramitación la constitución de los comités asesores, tanto en el ámbito de Administración General, al que afecta la aplicación de este protocolo, como en el ámbito educativo y sanitario, cuando se aprueben los propios de estos sectores.
Asimismo, se determinan las pautas de investigación a seguir por los miembros de estos comités, que en el ámbito de Administración General contarán con dos personas empleadas públicas y un técnico designados por el Instituto de la Mujer y otras dos personas designadas por las organizaciones sindicales.
El procedimiento de actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo constará de cuatro fases: iniciación, valoración inicial de la comunicación, investigación, finalización del procedimiento e información, seguimiento y control.
Una vez finalizada la fase de investigación, el comité asesor elaborará un informe-propuesta que, en el caso del personal funcionario y laboral del sector de Administración General, elevará para su conocimiento y valoración a la persona titular de la secretaría general de la consejería u organismo autónomo afectado, que podrá, en base a ese informe, poner los hechos en conocimiento de la fiscalía si se estima que pueden ser constitutivos de delito, proponer o acordar la iniciación de un expediente disciplinario, adoptar medidas preventivas o correctoras necesarias o archivarlo.
Estos procedimientos deberán sujetarse a las garantías de respeto y protección a las personas, mediante la discreción en las actuaciones; confidencialidad y diligencia y celeridad en la investigación abierta.
En su texto se define el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio degradante u ofensivo.
También, se enumeran los comportamientos que puedan dar lugar a estas conductas, desde el contacto físico o acercamiento deliberado, excesivo e innecesario, no deseado hasta la utilización de la coacción para mantener relaciones sexuales; así como realizar sugerencias, comentarios o proposiciones no deseadas, entre otros.
Respecto al acoso por razón de sexo se define como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona para atentar contra su dignidad, desde comentarios despectivos acerca de las mujeres o de los valores considerados femeninos y, en general, comentarios sexistas basados en prejuicios de género hasta el demérito de la valía personal o profesional por ser mujer, por estar embarazada, así como la minusvaloración, desprecio o ridiculización o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles socialmente asignados a su sexo, entre otros.
JUNTA AGRADECE EL CONSENSO
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Regional, Blanca Fernández, ha agradecido este viernes el consenso con el que nace el protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo en la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos.
Momentos antes de presidir una reunión virtual del Instituto de la Mujer, Fernández ha agradecido tanto a los sindicatos, como a los representantes de la Mesa General de Negociación en la Junta de Comunidades su apoyo a este protocolo.
Asimismo, ha indicado que con este protocolo se cumple un compromiso adquirido por el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, para esta legislatura que se completa con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
Fernández ha comentado que este protocolo es un instrumento "muy bien elaborado", que puede servir para otras administraciones y empresas puedan también incorporarlo en su actividad normal.
También ha recordado que establece un mecanismo de denuncia y atención a la víctima y de instrucción garantista del expediente que se abra, con la premisa de que habrá "tolerancia cero contra la violencia, contra la falta de respeto y contra la discriminación, rigiéndose por el derecho a la igualdad", ha subrayado.
La titular de Igualdad ha reiterado que los objetivos de este protocolo serán la prevención del acoso sexual o del acoso por razón de sexo en la Administración, así como servir de herramienta en la identificación de cualquiera de estas situaciones.
Pero también será una herramienta en manos de la Administración para poder establecer las sanciones que sean oportunas a la persona acosadora, a la vez que recoge medidas de protección para las personas que han podido ser acosadas.
Fernández ha comentado que una vez que el protocolo esté publicado está previsto que se hagan campañas de difusión entre la plantilla de la Junta de Comunidades, además de llevarse a cabo acciones de sensibilización e información específica.
Además, ha comentado que está previsto que se ponga en marcha el comité asesor que tramitará las posibles denuncias y que está compuesto por dos empleados públicos, dos representantes sindicales y un técnico del Instituto de la Mujer.
Fernández ha comentado que el protocolo va a ser analizado por el Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer, donde también se va a hablar de las actuaciones llevadas a cabo por esta institución durante la pandemia, al tiempo que ha reconocido a los medios de comunicación que el confinamiento y las restricciones de movilidad han hecho aumentar la incidencia de casos de violencia.
A juicio de la portavoz del Gobierno regional, este dato revela el incremento que se ha registrado en el número de llamadas que ha recibido el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista que ha recibido un 17 por ciento de llamadas durante la pandemia.
Ha añadido que solo en el mes de abril de 2020 hubo un incremento de un 60 por ciento de mujeres que "tuvieron que acudir a este recurso en pleno confinamiento", lo que obligó al Gobierno regional a tener que abrir un recurso nuevo de acogida que aún sigue abierto, ha precisado.
Tanto el confinamiento como las medidas sanitarias de restricciones, importantísimas para parar el virus y salvar vidas, afectan negativamente a las mujeres que sufrían violencia machista previamente", ha indicado Fernández, que ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "siempre estará ahí como institución para apoyar a las mujeres que sufren esta violencia".
RENOCIMIENTOS EL 8 DE MARZO
Por otra parte, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha adelantado que están trabajando en ultimar el acto institucional del Día de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo, y que este año reconocerá la labor y la trayectoria de seis mujeres.
Fernández, a preguntas de los periodistas, ha comentado que estas mujeres destacan en distintos ámbitos de la sociedad, como el científico, el artístico o el sanitario, entre otros.
Asimismo, ha adelantado que será un acto institucional "muy sencillo", que contará con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y estará adaptado a la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que es conveniente aunque sea un acto sencillo "poner en valor que hay mujeres referentes que pueden servir de ejemplo para generaciones jóvenes" y que estas se den cuenta que pueden seguir su ejemplo.
ACUSACIONES CONTRA LA ALCALDESA DE VILLAMIEL
Por último y de otro lado, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha asegurado que "raya lo injusto" las acusaciones del PP contra la alcaldesa de Villamiel (Toledo), Cristina del Álamo, a al que el PP ha acusado de vacunarse sin pertenecer a los grupos de riesgo que contempla el protocolo.
Fernández ha salido en defensa de la alcaldesa socialista de este municipio toledano y ha señalado que esta acusación "está cogida por los pelos por la oposición", cuando se está hablando de una trabajadora sanitaria que además es alcaldesa.
Ha recordado que, según ha explicado la alcaldesa, está vacunada porque es trabajadora de la Residencia Social Asistida 'San José', y ha dicho que el hecho de compatibilizarlo con la política no le puede hacer sufrir una discriminación.
"Ella es trabajadora sanitaria de una residencia y conforme a protocolo y junto al resto de sus compañeros ha recibido la vacuna en el momento que establecía el plan de vacunación", ha señalado la portavoz del Gobierno regional.
También ha recordado que Del Álamo ha estado trabajando durante la pandemia a pesar de tener una liberación sindical, porque "cuando ha hecho falta echar una mano, ha renunciado a su labor sindical para trabajar como sanitaria dentro de la residencia".
Blanca Fernández ha subrayado que "parece lógico no someter a ningún riesgo a las personas mayores que viven en la residencia porque una mujer ejerza su derecho constitucional de ser alcaldesa de su pueblo".
