Cuando se cumple un año de la publicación en el BOE de la ley protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi), que entró en vigor 20 días después, Unicef destaca avances, pero reclama el compromiso de todos para aplicar el "cambio de mirada" que incorpora y que obliga a comunicar cualquier sospecha de maltrato.
Todos los colegios deberán arrancar el próximo curso en septiembre con la figura del coordinador de bienestar y protección, que escuchará a los menores y alertará de cualquier situación de acoso o violencia; a pocos días del cierre de las aulas las comunidades autónomas ultiman los trabajos para cumplir ese compromiso.
También, el de designar delegados de protección y aprobar protocolos específicos en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio.
Con esta ley, se ha ampliado el tiempo que las víctimas tienen para denunciar los abusos, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años, y no 18 como ahora.
Ha suspendido el régimen de visitas de los padres cuando un juez haya dictado una orden de protección para la madre por maltrato y existan indicios de que los menores han presenciado la violencia.
Cuando los casos lleguen a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.
En estos doce meses se ha iniciado la formación de profesionales que están en contacto con los menores -educadores, entrenadores, padres, entidades- o que deben intervenir ante situaciones de violencia -jueces, fiscales, abogados- para detectar estas situaciones y generar entornos seguros para los niños.
"La ley busca el necesario cambio de mirada frente a ciertas situaciones toleradas o silenciadas y que afectan a muchos niños; compete a toda la sociedad, puesto que refuerza el deber de comunicar cualquier tipo de violencia y terminar así con la tolerancia hacia ciertas situaciones de abusos y violencia contra la infancia", explica Almudena Olaguibel, de Unicef.
Para la especialista en políticas de infancia, "va a llevar años" poner en marcha todas las medidas que incluye la Lopivi, pero el principal desafío es la necesidad de implicar a todas las personas que tienen contacto con menores en algún aspecto de su vida y su compromiso en la protección de la infancia.
"Se sigue pensando que son situaciones dentro del ámbito doméstico o no nos atrevemos a cuestionar cómo un profesor está educando a los niños o una determinada forma de entrenar", destaca la experta, quien recuerda que "ninguna situación de violencia es tolerable".
Entre los avances, destaca el trabajo que están realizando los gobiernos autonómicos, que tienen las competencia de infancia, para adaptar sus legislaciones y poner en marcha los coordinadores escolares en septiembre.
"Es muy importante en estos momentos la coordinación entre los distintos profesionales que están implicados en algún aspecto de la ley, percibimos mucho interés por los profesionales que tienen que aplicar la ley, quieren saber cómo hay que desarrollarla; necesitamos espacios compartidos y un trabajo en conjunto porque la ley necesita años en aplicarse".
Unicef reclama la máxima coordinación entre administraciones, instituciones, entidades y partes implicadas en la implementación de la ley, que exige nuevos protocolos, formación de profesionales y nuevas figuras de protección en ámbitos de ocio y escolares que coordinen todas las actuaciones en materia de prevención y protección de la infancia frente a la violencia.
La organización de defensa de la infancia ha puesto a disposición de profesionales diversos documentos y herramientas para facilitar la implementación de la ley, así como pautas para identificar y reconocer los tipos de violencia.
