El Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM) ha denunciado este lunes intrusismo laboral y el incumplimiento de la legislación laboral vigente en un pliego para la contratación de 73 profesionales.
En un comunicado, la organización colegial ha señalado que la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social ha hecho público el pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato administrativo de gestión de 73 plazas profesionales para la ejecución de medidas judiciales de internamiento establecidas en la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
En este sentido, ha expresado "la sorpresa y el malestar" por la descripción de los perfiles y las funciones del personal de la plantilla del dispositivo, ya que únicamente es necesaria una titulación mínima de diplomatura o equivalente en las áreas psicológica, pedagógica o socioeducativa para los profesionales de nueva incorporación y una experiencia contrastada de al menos un año de actividad.
Sin embargo, el colegio ha indicado que las competencias definidas son "de relación directa e inequívoca" con la titulación universitaria de Educación Social y propias del área de intervención del educador social en estos dispositivos.
De hecho, ha apuntado que el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores recoge que "la intervención socioeducativa especializada, en todo caso, será ejecutada por el educador social".
Por ello, ha exigido que el requisito de titulación para el puesto de educador social sea la Diplomatura o el Grado en Educación Social u otras titulaciones con la habilitación de un colegio profesional de Educación Social, que reconoce la capacitación para el ejercicio de la profesión, al tiempo que ha avanzado que su servicio jurídico iniciará las acciones de demanda de estas irregularidades.
