La educación en España ha cerrado 2018 poniendo fin a los últimos recortes vigentes que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis, y atisbando la posible derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como 'Ley Wert', como pretende el Ejecutivo del PSOE, partido que dinamitó el pasado mes de marzo el Pacto Educativo al abandonar esta subcomisión creada en el Congreso para asentar las bases de una nueva ley educativa.
El pasado 5 de marzo, Pedro Sánchez todavía no era el inquilino de la Moncloa, y advertía a su entonces morador, Mariano Rajoy, que el PSOE no continuaría en la subcomisión si el Gobierno no se comprometía en 24 horas a destinar al sistema educativo el 5% del PIB para recuperar la inversión previa a la crisis. Dicho y hecho, y ante la falta de reacción del Ejecutivo, al día siguiente los socialistas abandonaron la mesa de negociación constituida el 1 de diciembre de 2016 y por la que ya habían pasado decenas de expertos.
La decisión del PSOE provocó un efecto dominó: el 7 de marzo también abandonaba la subcomisión Unidos Podemos, y después lo harían los grupos catalanes. PP y Ciudadanos se quedaron solos en un barco que naufragó definitivamente el pasado 14 de mayo, cuando ambos grupos dieron por concluida la travesía que se hundió antes de alcanzar el deseado consenso que podría haber alumbrado la octava ley educativa desde la restauración de la democracia.
La ruptura del diálogo entre formaciones política prendió de nuevo las protestas de la comunidad educativa en la calle, y el 8 de mayo la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública convocaba manifestaciones en toda España para volver a reclamar la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes en educación.
La 'marea verde' desplegó las pancartas amenazando con un "otoño caliente" con más movilizaciones: no contaba con la moción de censura que el PSOE presentaría solo unos días después, tampoco con que prosperaría, convirtiendo a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.
CELAÁ Y LA DEROGACIÓN DE LA LOMCE
Sánchez escogió a Isabel Celaá, que había sido consejera de Educación en el Gobierno del País Vasco de Patxi López, como la persona que asumiría la cartera de Íñigo Méndez de Vigo, y al igual que el popular, también la portavocía del Ejecutivo. Celaá se convertía en la quinta mujer ministra de Educación de la historia apelando al "diálogo" por la educación que había fracasado dos meses antes, y con el peso de las reivindicaciones que su partido defendió con ahínco cuando se encontraba en la oposición.
Celaá reclutó como secretario de Estado de Educación a Alejandro Tiana, un nombre respetado en la comunidad educativa, con el propósito de recomponer acuerdos. La minoría parlamentaria del PSOE los requiere para derogar de forma "urgente" varios artículos de la LOMCE aprobada por el Partido Popular, o acabar con los recortes vigentes desde 2012, como anunció la nueva ministra en su primera comparecencia en la Comisión de Educación.
El Congreso respaldó el pasado 13 de diciembre, con la abstención de PP y Ciudadanos, el proyecto de ley del Gobierno para acabar con esos recortes, reduciendo el ratio de alumnos por clase y fijando en 23 el límite de horas lectivas docentes. Sin embargo, la derogación "urgente" de algunos aspectos de la LOMCE no ha llegado a la cámara antes de fin de año, como había prometido Celaá, y ya no serán solo algunos aspectos a derogar, sino la 'Ley Wert' por completo.
El borrador del 'anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación', divulgado en noviembre, sorprendió por incluir, al final del texto, la derogación completa de la LOMCE, algo que Alejandro Tiana admitía solo unos meses antes en una entrevista a Europa Press que sería difícil de conseguir durante esta legislatura.
En el borrador de la ya conocida como 'Ley Celaá', que viene a ser una reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, se incluyen medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía o permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.
Medidas que, de momento, no han provocado adhesiones en el resto de los grupos parlamentarios. "Este anteproyecto cuenta ahora sólo con 84 diputados", ha advertido Unidos Podemos, el principal socio del Gobierno de Sánchez, este mes de diciembre.
LA FP GANA PESO
El cambio en la Moncloa y el rediseño de las competencias ministeriales cambiaron la denominación de la cartera de Educación, a la que por primera vez en la historia se incorporaba la Formación Profesional, en un guiño de Pedro Sánchez para impulsar el desarrollo de estas enseñanzas orientadas al mercado laboral.
"Ha llegado la hora de que, de una vez por todas, la FP cuente con todo el apoyo del Gobierno de España", dijo el presidente el pasado mes de noviembre subrayando la apuesta de su Ejecutivo por la FP con los objetivos de "incrementar la productividad, la competitividad y la innovación ante una globalización exigente".
Para ello, desde Moncloa y el Ministerio ya se trabaja en un plan para alcanzar un acuerdo estratégico sobre la Formación Profesional, que fue presentado el pasado mes de septiembre a los agentes sociales logrando una buena recepción entre sindicatos y patronal, que coinciden en la necesidad de actualizar y "prestigiar" la FP.
EL MINISTRO ASTRONAUTA
Pedro Sánchez aguardaba una sorpresa en la configuración de su gabinete: el nombramiento del astronauta Pedro Duque como responsable de una nueva cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, competencia que quedaba desgajada de su tradicional vínculo con el Ministerio de Educación. Un gesto que pretendía reanimar a una universidad todavía deprimida por los escándalos destapados en la Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
El denominado 'caso Cifuentes', que reveló las irregularidades del máster cursado por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y que se encuentra actualmente judicializado, puso el foco mediático en la transparencia en la universidad. Nadie ha escapado al escrutinio de su expediente académico durante este año, ni siquiera el presidente Sánchez, al que los periodistas le revisaron, con luz y taquígrafos, su tesis doctoral buscando posibles plagios.
Las irregularidades del Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde se cobraron más víctimas de la primera línea política, como la ministra del Ejecutivo socialista Carmen Montón. La concentración de casos en este instituto ha provocado que la comunidad universitaria haya levantado un cordón sanitario alrededor de la URJC para evitar la propagación de la sospecha al resto de campus españoles.
"Está tan localizado, ya ni siquiera en un área, sino en un punto del sistema de universidades, que no debería contagiar al resto", afirmaba el ministro Duque en una entrevista reciente a Europa Press, en la que anunciaba su propósito de presentar el próximo mes de enero a los diferentes grupos parlamentarios un "decálogo" de propuestas para reformar la Ley de Universidades, una reivindicación de los rectores españoles que se escenificó en septiembre en el Congreso de los Diputados con la asistencia de todas las formaciones políticas.
