CCOO-Enseñanza ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a pagar lo que debe a los docentes de la enseñanza concertada afectados por el VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (2021-2024).
Según ha explicado el sindicato en un comunicado, los centros concertados pertenecen a empresas privadas, pero se sostienen con fondos públicos de cada comunidad autónoma, por lo que al convenio estatal se añaden acuerdos negociados con las respectivas consejerías de Educación para regular elementos básicos de las condiciones laborales de los docentes de la enseñanza concertada; comenzando por el salario base establecido en el convenio estatal, al que en Castilla-La Mancha se añade un "complemento autonómico", para aproximarlo al salario base del personal docente de la enseñanza pública mediante acuerdos de analogía retributiva.
En Castilla-La Manca, la analogía entre los salarios de los docentes de la concertada respecto a los de la P
pública se sitúa en el 97%, que se traduce en un complemento autonómico de 664 euros/mes para los maestros de Primaria y de 632,25 para los profesores de Secundaria.
A lo largo de estos últimos 20 años, en la Comunidad Autónoma se han firmado diferentes acuerdos sobre estas materias salariales y laborales "que indudablemente han contribuido a mejorar las condiciones del sector, pero también es verdad que ciertos aspectos de estos acuerdos no se están cumpliendo; y que otros son manifiestamente mejorables", ha indicado el responsable de Concertada de CCOO-Enseñanza en la región, Luis Gutiérrez.
"El Gobierno regional, las patronales y los sindicatos FSIE, USO y UGT vienen firmando la renovación de estos acuerdos según vence su vigencia, sin que esos sindicatos formulen crítica alguna de estos incumplimientos y sin que planteen tampoco ninguna mejora, ni tampoco la reversión total de recortes aplicados por Cospedal y que aún arrastramos", ha lamentado Gutiérrez.
Entre los acuerdos que no se cumplen, según el responsable de CCOO, "destaca el abono de la paga extraordinaria de antigüedad, que deben cobrar los docentes de la concertada al cumplir los 25 años de servicio y supone una cantidad equivalente a cinco mensualidades". Según los datos de la propia Consejería, en el periodo 2016-19 se quedaron sin cobrar esa paga 206 docentes, que a razón de unos 15.500 euros supone cerca de 3,2 millones de euros.
Otro colectivo damnificado por la "incorrecta" aplicación de acuerdos vigentes es el de orientadores, cuyo salario, según el acuerdo a ellos referido, ha de estar en correspondencia con el de los docentes de Secundaria de la enseñanza pública.
"Sin embargo, la Consejería excluye de este acuerdo a los Orientadores de los 13 centros concertados de Educación Especial que hay en la región y a los Orientadores que trabajan con alumnos de Primaria. Esto les supone a los afectados un grave perjuicio económico, pues están dejando de percibir 255 euros en cada una de sus 14 nóminas anuales", ha destacado el dirigente sindical.
