La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe) ha presentado un recurso de reposición para solicitar la anulación de un apartado de una resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que recoge una serie de causas no planteadas en la normativa del Estado para eximir a los titulares de centros privados de cumplir con la ratio media de alumnos que tiene la enseñanza pública.
Según ha informado en nota de prensa, el sindicato defenderá en cada provincia, comarca o municipio en el que convivan centros públicos y privados concertados que se respete de manera "estricta" el cumplimiento de la normativa básica por parte de los titulares de los centros concertados y exista una oferta suficiente y un incremento de plazas en la red pública para escolarizar a todo el alumnado que fuera necesario.
En concreto, Anpe se ha referido a la resolución publicada el 25 de noviembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que determina la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar que servirá de referencia en el curso 2020/2021 para la concertación educativa de los centros privados y "para no perder la financiación pública", ha resaltado el sindicato.
Según Anpe, la normativa del Estado "obliga a modificar el concierto educativo y reducir el número de unidades concertadas" si el titular del centro no mantiene la ratio mínima publicada por la Consejería, pero sin embargo la propia Administración ha establecido "excepciones no contempladas en la normativa básica" que evitarían modificar el concierto educativo y "perjudicarían a la enseñanza pública".
Por lo tanto, ha lamentado que "un acto reglado en el Estado se convierte en discrecional en Castilla-La Mancha", además de que la Ley de Presupuestos garantiza el mantenimiento del empleo del profesorado de los centros concertados sin que exista dicho acuerdo a favor del profesorado de la enseñanza pública.
Por todo ello, según la organización sindical, la Consejería "vulnera el principio de jerarquía normativa y de seguridad jurídica" al observar cómo se amplían en los últimos años las causas por las que un centro concertado puede tener una ratio inferior a la media de la de los centros públicos de su comarca o municipio, algo que además es "contrario al principio de eficiencia del gasto público", ha agregado.
De hecho, ha indicado que la consecuencia es que la ratio profesor/alumno sería "ostensiblemente inferior en la enseñanza privada concertada que en la enseñanza pública, sin que haya razones constitucional ni legalmente exigidas para primar o potenciar de esa forma la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública", ambas sostenidas con fondos públicos.
