La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha ha reclamado la promulgación de la Ley del Tercer Sector y un Plan de sostenibilidad para las organizaciones que atienden e impulsan la inclusión de la ciudadanía.
Así lo se ha trasladado la organización social a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la Asamblea de responsables de EAPN Castilla-La Mancha -la red que aglutina a cincuenta entidades sociales de la región- que se ha celebrado este viernes en Toledo, según ha informado EAPN en nota de prensa.
El presidente de EAPN, Braulio Carlés, ha apostado por la puesta en marcha la Ley del Tercer Sector en los términos establecidos en la comisión de trabajo, así como el desarrollo y actualización de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
En materia ejecutiva, la red regional ha reclamado también la conjugación del proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas y la Estrategia contra la pobreza.
En este marco, ha pedido la puesta en marcha del Tercer Plan Regional de Integración Social (PRIS) y el avance en la combinación de recursos de varios gestores políticos para atender necesidades complejas, como pueden ser las políticas de inclusión y empleo; las de mujer, empleo e inclusión; o vivienda, empleo e inclusión.
Asimismo, ha solicitado la simplificación de recursos para la atención a la ciudadanía a través de herramientas como la Ventanilla Única, el desarrollo de encuentros de formación e intercambio entre profesionales y el fomento del trabajo en red entre diferentes actores, de la mano de programas integrales que actúen sobre territorios concretos desde diferentes áreas.
De igual forma, EAPN ha considerado necesario el establecimiento de un grupo de trabajo técnico para establecer objetivos compartidos para el nuevo periodo de programación de fondos estructurales FSE, Feder y Feader 2021-2027.
Por otro lado, las entidades sociales han planteado el desarrollo de proyectos e intervenciones plurianuales, tal y como permiten en los programas financiados con FSE en otras áreas de gobierno, así como establecer al menos un 15 por ciento fijo en cada proyecto desarrollado por las entidades no lucrativas para financiar costes indirectos.
Por su lado, el Gobierno regional ha indicado, en otro comunicado, que la Administración autonómica está promoviendo y subvencionando 131 proyectos de inclusión social durante este 2019, un 20,18 por ciento más que el año anterior, para atender situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
La titular de Bienestar Social ha detallado que estos 131 proyectos de inclusión que van orientados a la inclusión social, familiar y laboral "fundamentalmente de las personas que lo tienen más difícil" y están destinados a colectivos y a personas que van a conseguir la inclusión a través del trabajo, por medio de la capacitación.
Al respecto, la consejera ha explicado que estos 131 proyectos, que cuentan con una financiación total de más de 5 millones de euros, llegan aproximadamente a 2.500 personas, la mitad de los cuales están en proyectos donde se apoya su búsqueda de empleo”.
Los proyectos se enmarcan en diferentes líneas de actuación que pasan por dispositivos y alojamientos temporales para situaciones de urgencia social, intervención en procesos de inclusión social con comunidades en situación de vulnerabilidad, acciones que tengan como finalidad la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social y acciones dirigidas a la formación, la innovación y el desarrollo de herramientas de intervención en situaciones de exclusión social.
