La posibilidad de incorporar al sistema educativo general a los más de 37.000 alumnos con discapacidad matriculados en los 470 centros específicos de Educación Especial en España, como recoge el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE, divide a la comunidad educativa y expertos y preocupa a las familias y los profesionales de estos colegios.
Mientras unas voces subrayan que el modelo Especial es "excluyente" y atenta contra los derechos de las personas con discapacidad, otras sostienen que es "integrador" y que el sistema educativo ordinario no es capaz de atender a estos estudiantes de forma "específica y personalizada". También hay quienes defienden la "libertad de los padres para elegir" la educación que quieren para sus hijos.
La reforma normativa, cuya tramitación parlamentaria es inviable por la disolución de las Cortes Generales ante el adelanto de las elecciones el 28 de abril, fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centro ordinarios "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
La ministra de Educación Isabel Celaá ha indicado que el Gobierno con esta normativa da cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España hace más de una década, y que establece en su artículo 24 que los alumnos con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad.
La titular de Educación precisó el pasado miércoles 20 de febrero en el Congreso que los centros de educación especial "no se van a cerrar" y acusó al Partido Popular de usar "mantras" sobre su proyecto de ley de reforma del sistema educativo.
En concreto, Celaá dijo que no tiene "ninguna intención" de cerrar estos centros y que lo que pretende su norma es "incorporar a niños con cierta diversidad funcional" en colegios ordinarios "estableciendo recursos para ello" y siempre que sus familias así lo soliciten.
EL SISTEMA ACTUAL ES "SEGREGADOR"
Esta medida la lleva reclamando el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) desde hace años para el cumplimiento de la Convención de la ONU y ha advertido de que no caben más aplazamientos para que se sienten las bases de la educación inclusiva, "sin caminos segregadores y paralelos para el alumnado con discapacidad".
En esta línea se expresaba el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en un reciente informe en el que sostenía que España "segrega" y "excluye" a los alumnos con discapacidad. Además, en este documento la ONU defendía la abolición del sistema separado para estudiantes con discapacidad en centros especiales.
"LA ONU NO HA VISITADO CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL"
Organizaciones como la Plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También, integrada por personas con discapacidad, familias y docentes, niega que haya dos sistemas paralelos, sino "un único sistema" donde los alumnos con necesidades educativas especiales "son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización".
Además, advierte de que los miembros del Comité de la ONU que redactaron el mencionado informe no visitaran "ningún" centro de Educación Especial, que, a juicio de esta plataforma, les habría ofrecido una visión "más completa y ajustada" de la realidad.
En esta línea, la asociación de familia de personas con discapacidad intelectual AFANIAS considera que esta medida que recoge el proyecto del Gobierno "pone en riesgo" a los alumnos que en la actualidad están matriculados en los centros de especiales.
"Es el modelo que permite mayor desarrollo en la persona y que da las herramientas para una mejor inclusión en la sociedad", sostiene su presidente Alejandro Martínez, que recuerda que esta medida del Ejecutivo, "vulnera" el artículo 49 de la Constitución Española, que contempla que los poderes públicos prestarán una atención especializada al colectivo de personas con discapacidad.
EL CRITERIO DE LOS PADRES
Por ello, esta entidad hace un llamamiento a emprender un debate "profundo" en torno a este asunto y prevalezca el criterio de los padres, como "mejores conocedores" de la realidad de sus hijos, para elegir el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades personales. Asimismo, alerta del incremento de la "vulnerabilidad" de los alumnos de la Educación Especial ante un traslado "masivo" al sistema ordinario.
Desde la federación de Enseñanza de CCOO han pedido al Ministerio de Educación "una reunión urgente" con la comunidad educativa, organizaciones sociales y sindicales para "esclarecer la situación de confusión actual" y conocer y valorar los planes del Gobierno sobre los centros de Educación Especial.
Por su parte, la patronal de centros de educación concertada Escuelas Católicas ha manifestado su "rechazo" a la posibilidad de cierre de centros de Educación Especial, que ofrecen una "educación inclusiva y personalizada" y ha señalado que el proyecto del Gobierno limita el derecho de elección de los padres.
"EL DEBATE NO DEBE CENTRARSE EN EL SISTEMA, NO EN LOS COLEGIOS"
En esta línea, la directora del Centro Público de Educación Especial La Quinta de Madrid, Luisa María Mesías, invita a visitar su colegio a todo aquel que duda sobre la idoneidad de la Educación Especial o simplemente la desconoce. A su juicio, el debate no debe centrarse en los colegios, sino en la respuesta que el sistema da a cada niño.
"Que vengan y vean que no somos un 'cajón cerrado' dentro del sistema, sino todo lo contrario: aquí damos una respuesta educativa de calidad, ajustada a cada uno de nuestros alumnos, y trabajamos precisamente la inclusión", defiende Mesías, que lleva 18 años en el equipo directivo de este centro y seis como máxima responsable.
Mesías asegura, además, que quienes entran en la Educación Especial, tras una evaluación psicopedagógica y sólo con el consentimiento de los padres o tutores, también pueden volver a la educación ordinaria: "El sistema es flexible y garantista y para eso evaluamos constantemente al alumno".
Este colegio madrileño cuenta con 94 estudiantes y una plantilla integrada por profesores --todos ellos especialistas en pedagogía terapéutica--, fisioterapeutas, técnicos educativos, un técnico de integración social y enfermeras. "Nos esforzamos al máximo para no disminuir en nada la calidad y la atención a cada alumno", insiste.
"¿ESTÁN PREPARADOS LOS PROFESORES Y EL RESTO DE PADRES?"
Más allá de los aspectos técnicos, materiales y de recursos humanos, hay expertos que consideran que la propuesta de acabar con la Educación Especial es "inviable" porque la sociedad española "no es inclusiva y, por tanto, no está preparada".
Así lo sostiene la presidenta del Observatorio de la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Pilar Laguna, que asegura que la plena inclusión de los alumnos con dificultades de aprendizaje y de discapacidad solo será posible "si la sociedad cambia la mirada hacia el diferente". A su juicio, no es una cuestión de recursos económicos y materiales, sino de un "cambio de mentalidad".
"¿Están preparados todos los profesores para atender a estos alumnos? ¿Los alumnos aceptan al diferente? ¿Y el resto de padres?", se pregunta esta experta, que además es madre de un niño con necesidades educativas. "Hoy por hoy, ni la sociedad ni el sistema educativo están preparados para este cambio", apostilla.
