Bajo una situación de "discriminación absoluta" y con un papel de "esposa y madre abnegada" llegó la mujer española a las elecciones de 1977 y tuvo que esperar a que la Constitución de 1978 plasmara la igualdad de las personas ante la Ley para empezar a recuperar derechos perdidos en el franquismo.
Los incipientes movimientos feministas empezaron a germinar en 1975 en un ámbito muy restringido de intelectuales y élites universitarias coincidiendo con la abolición de la Licencia Marital, que obligaba a la mujer a tener el permiso del marido para abrir una cuenta, trabajar, administrar bienes, tener pasaporte, ser tutora o suscribir contratos.
"Hasta el 75 las mujeres, aunque llegaban a la mayoría de edad a los 21 años, no podían salir de casa del padre si no era para casarse o hacerse monja", rememora Ángela Carrillo, presidenta de Mujeres Juristas Themis, mientras revive la gran ilusión que generaron las elecciones de 1977 porque "traían un cambio del sistema, del modo de vida y de la percepción del mundo".
Carrillo dibuja un "mundo caduco", en el que no se hablaba de malos tratos, en el que ningún partido se refería a la situación de las mujeres y el que hasta había distintos tratamientos para la infidelidad conyugal, delito que no fue abolido hasta 1978.
El hombre "tenía que tener notoriedad, es decir, poner una casa a su amante para que se le considerara en amancebamiento, mientras que con sólo pillar a la mujer, ya se la acusaba de adulterio".
En 1978, se despenalizan los anticonceptivos y se aprueba la Constitución, un "documento fundamental que plasma la igualdad de las personas ante la Ley" y que recoge el derecho al divorcio, a la igualdad de los hijos y empieza a sentar las bases de un nuevo ordenamiento jurídico.
Con la llegada de 1980, el Estatuto de los Trabajadores declara nulos los preceptos reglamentarios y disposiciones que discriminan en materia de empleo.
Un año más tarde se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil: se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
También se plasman reformas legales en relación con los hijos y se empieza a desarrollar una legislación que en 1985 despenaliza el aborto en tres supuestos -riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación grave del feto-. La Ley del aborto sufrirá dos reformas posteriores en 2010 y 2013.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género fue aprobada en 2004 para abordar la prevención del problema, la protección de las amenazadas, la recuperación de las víctimas y la sanción de los agresores y en 2007 vio la luz la de Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.
Un largo recorrido de reformas en el ordenamiento jurídico para "alcanzar la igualdad total en términos legales", puntualiza Carrillo, quien apostilla que "otra cosa es la aplicación de la Ley. Hay veces que se aplica de forma discriminatoria, incompleta o desafortunada".
Por ello, apuesta por seguir "batallando para que la Ley se cumpla". Algo, especialmente necesario en los Juzgados de Violencia de Género, donde dice que "la Ley no siempre se aplica adecuadamente".
Y expresa su preocupación porque los avances legislativos "no hayan impregnado a las jóvenes actuales". "Me aterra la violencia entre las jóvenes y el sometimiento a las parejas", ya que recalca que, a pesar de que tienen una Ley que les apoya y no tienen la necesidad de dependencia económica de sus madres y abuelas, "se dejan dominar y controlar".
La violencia machista "es un problema muy complejo, que necesita un planteamiento transversal, de concienciación social y de educación. La Ley lleva más de diez años y se siguen produciendo asesinatos", destaca.
