El Congreso Europeo por el Reto Demográfico, que este jueves se celebra en un caserío cacereño de no más de treinta habitantes, ha puesto de manifiesto la prioridad de situar la demografía, especialmente la vinculada a los entornos rurales, en el centro de la agenda política de las comunidades autonómicas y del Gobierno central.
Este apunte ha sido elevado por consejeros y consejeras de Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha en el marco de una mesa redonda sobre estrategias y gobernanza dentro del Congreso Europeo por el reto Demográfico que este jueves se celebra en la pedanía de San Pedro de los Majarretes, de 30 habitantes, en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara.
Moderada por el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francés Boya, la mesa también ha contado con la participación del presidente de la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias, Miguel Gracia, y el vicepresidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de la Región Centro de Portugal, Eduardo Anselmo de Castro.
En su intervención, la consejera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha puesto en valor el trabajo de las Comunidades a la hora de situar la demografía como "una prioridad" en el marco del debate político de cualquier Gobierno y de la UE.
"La demografía y la dispersión deben estar en el centro de la agenda política", ha insistido la consejera, quien entiende que "la hoja de ruta" debe ser la estrategia nacional del Reto Demográfico.
Ha explicado que este 2021 ha sido "importante a nivel nacional" por las muchas iniciativas acometidas por las Comunidades, como las leyes de impulso demográfico de Galicia y Castilla-La Mancha. "Dos textos normativos muy similares, en territorios con diferentes signos políticos", que reflejan la necesidad adoptar de medidas.
Ha defendido la importancia de políticas destinadas al retorno, al envejecimiento activo y de apoyo a las familias y a la conciliación, y para ello es necesario "crear recursos en lo rural".
Para la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura, Begoña García, el reto demográfico "debe ser una política de país y de las CCAA".
Tras recordar que Extremadura ha presentado una propuesta de ley sobre reto demográfico respaldada por los cuatro grupos políticos de las Asamblea (PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura), García Bernal ha expuesto que "lo importante no es quién lo haga, es que se haga".
"La gente tiene que tener libertad para decidir dónde quiere vivir y eso en el mundo rural se llama empleo e industria", ha afirmado la consejera extremeña, quien ha abogado por modificar la Ley de Contratación Administrativa para los pequeños municipios y la Ley de Montes.
Asimismo, ha defendido una "transición ecológica justa", también para el mundo rural. "Extremadura no puede seguir teniendo la única frontera privada con Portugal a cargo de Iberdrola en el pueblo de Cedillo; no puede", ha lamentado García en referencia a la vía, que transcurre por el alto de las instalaciones del embalse, y que debería unir Cedillo y Montalvao (Portugal).
En este marco, también ha aseverado que "ninguna empresa hidroeléctrica puede hacer desembalses abusivos y turbinar agua para vender esta energía a precio de gas mientras nuestro Parque Nacional de Monfragüe se seca".
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha respaldado la importancia de que la gente pueda elegir dónde quiere vivir y, para ello, debe establecerse un marco atractivo para quienes "quieren quedarse o venir" a los pequeños pueblos".
Dicho escenario se estructura sobre una sinergia estructurada con servicios públicos "equiparables a los urbanos", economías que generen actividad y empleo, como representa "la economía plateada", transportes públicos radiales con las cabeceras de comarca, acceso a las nuevas tecnologías y al ocio.
Martínez Guijarro también ha puesto el acento en la necesidad de que todas las políticas y legislaciones que implanten las distintas administraciones incluyan “una lupa rural” o, como se ha fijado en la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha, que todas las leyes cuenten con un informe de impacto demográfico.
Con todo, el vicepresidente regional ha insistido en la necesidad de contar con un sistema de financiación autonómico que tenga en cuenta el coste real de la prestación de servicios públicos en estos territorios. Así, se ha mostrado confiado en que la próxima reunión de presidentes autonómicos de regiones con problemas de despoblación, que tendrá lugar el 23 de noviembre en Santiago de Compostela (Galicia), permitirá cerrar un acuerdo para una declaración institucional que se traslade al Gobierno de España.
Mientras tanto, Guijarro ha pedido que se establezca un “mecanismo transitorio” y considera para ello “una buena noticia” la aprobación de una enmienda para que se mantenga la financiación extraordinaria para seguir luchando contra la covid-19 en materia sanitaria y con refuerzos en el sistema educativo.
