sábado 20.07.2019

Delitos sexuales, violencia contra la infancia y dependencia, retos sociales del futuro Gobierno

Otros serán desarrollar el Pacto contra la Violencia de Género y abordar el fin de la esterilización forzosa de las personas con discapacidad

En la imagen la sala de reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno de España en el Palacio de La Moncloa
En la imagen la sala de reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno de España en el Palacio de La Moncloa

El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, tendrá que asumir varios retos en materia social cuya ejecución se ha quedado en el aire debido a la convocatoria anticipada de los comicios, como la reforma del Código Penal sobre los delitos sexuales, la ley contra la violencia hacia la infancia, la supresión de las concertinas o la reducción de la lista de espera de la Dependencia.

Así, el nuevo Gobierno deberá decidir si sigue adelante con la reforma del Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. La revisión de los delitos sexuales se puso encima de la mesa tras la polémica sentencia que condenó a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito de abuso sexual y les absolvió del de agresión, al no apreciar ni violencia ni intimidación en los hechos.

Esta decisión judicial fue muy cuestionada, también en la esfera política, hasta el punto de que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la revisión de los delitos sexuales encomendando su análisis a un grupo de expertos, que continuaron trabajando una vez prosperó la moción de censura.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido suprimir el "abuso" para considerar todo "agresión", aunque finalmente no ha aprobado esta modificación y, ante la convocatoria electoral del 28 de abril, se ha quedado en el aire. El PSOE y Podemos incluyen en sus programas electorales esta propuesta, en aras de defender que 'no es no', y todo lo que no sea 'sí', es un 'no'.

En la lucha contra la violencia de género, el próximo Ejecutivo deberá dar cumplimiento a las 213 medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado por el Parlamento en 2017. Tal y como consta en este acuerdo, debe financiarse con 200 millones de euros anuales.

Asimismo, queda pendiente la aprobación de la Ley contra la violencia hacia la infancia. Aunque la proposición de ley fue aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre, la convocatoria de elecciones generales ha impedido que culmine su tramitación en el Parlamento. El texto incluía aumentar el plazo de la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores hasta que la víctima cumpla 30 años.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Además, el nuevo Ejecutivo tendrá que asumir el reto de erradicar la pobreza. En España, un 26,6 por ciento de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social, un total de 12,3 millones de personas, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Además, esta situación afecta especialmente a la población infantil. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada tres menores en España vive bajo el umbral de la pobreza.

Para combatir este problema, el Gobierno de Sánchez creó el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, a través del cual se impulsó una batería de medidas como el aumento hasta los 588 euros de la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza severa. Con esta medida, que entró en vigor el pasado 1 de abril, el Ejecutivo pretendía sacar de la pobreza severa a 82.000 niños en España, del total de 700.000 que viven en esta situación.

En el ámbito de la conciliación, el Gobierno de Sánchez aumentó el permiso de paternidad hasta las ocho semanas, una medida que entró en vigor el pasado 1 de abril, si bien estará en las manos del nuevo Gobierno la equiparación de éste al permiso de maternidad. El Ejecutivo socialista pretendía que se ampliara de forma progresiva: a 12 semanas en 2020 y a 16 en 2021.

En cuanto a la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, el nuevo Gobierno tiene el cometido de reducir la lista de espera de las personas que aun teniendo reconocida la prestación a la que tienen derecho, sin embargo, no la reciben. En total hay 253.346 personas en esta situación de 'limbo'.

Otro de los aspectos aún pendientes de resolver en materia de discapacidad es la demandada reforma del Código Penal para acabar con la esterilización forzosa de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, cuyo artículo 156 permite esta práctica, contraria a la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace ya doce años.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La accesibilidad universal es otra de las cuestiones que han vuelto a quedar aplazadas o incompletas. El 4 de diciembre de 2017, se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos sus espacios públicos, bienes y servicios y la situación, un año y tres meses después, continúa igual, según el colectivo.

Se trata de acatar el Real Decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula, armoniza y aclara las leyes en materia de discapacidad aprobadas con anterioridad, además, da cumplimiento a la Convención Internacional.

A esto se añade la reforma pendiente de la Ley de Propiedad horizontal, pues la falta de accesibilidad en edificios obliga a muchas personas con movilidad reducid a vivir encarceladas en su propio domicilio del que no pueden salir por si mismas.

AYUDA AL DESARROLLO

En el ámbito internacional, el nuevo Gobierno tendrá el reto de elevar la ayuda al desarrollo (AOD) para que alcance el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB). El objetivo de que los países eleven al 0,7 por ciento del PIB la ayuda oficial al desarrollo lo adoptó en 1970 la Asamblea General de la ONU y, aunque la propuesta original era alcanzarlo en 1975, desde entonces es una reivindicación histórica de las ONG de ayuda al desarrollo.

Mientras PSOE y Ciudadanos proponían en sus programas electorales alcanzar esta meta en el año 2030, Unidas Podemos era más ambicioso y se marcaba el 2027, y PP y Vox no lo mencionaban. Por otro lado, el Gobierno de Sánchez propuso en el Congreso abrir un proceso largo para reformar, con consenso, la ley de cooperación.

GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN

En materia migratoria, el nuevo Gobierno tiene que decidir si continuará con el compromiso de suprimir las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla por unos medios "menos cruentos". Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes instalados en las vallas fronterizas desde el año 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El proyecto de modernización de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos planteado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha terminado, con lo que la retirada definitiva de las concertinas dependerá del Gobierno que salga de las urnas este 28A.

También estará en manos del nuevo Gobierno acometer la "reforma integral" de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España y la construcción de un nuevo en Algeciras (Cádiz) antes del año 2022, después de que el Consejo de Ministros aprobase los planes de mejora de las infraestructuras de seguridad del Estado con una inversión de 850 millones de euros.

Asimismo, el objetivo de reducir a un 50% las llegadas de migrantes en pateras --tras un 2018 que ha registrado cifras récord con casi 60.000 llegadas, superándose así los datos durante la crisis de los cayucos de 2006-- también se queda pendiente.

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