miércoles 13.11.2019

Delgado lleva a la Fiscalía General indicios de delito en agencias de gestación subrogada

El ministerio de Justicia ha informado este lunes de esta decisión en un comunicado en el que ha resaltado que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una imagen de archivo durante una entrevista
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una imagen de archivo durante una entrevista

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado posibles indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada para que, si así lo estima, se abra una investigación, que no afectaría ni a padres ni a menores.

El ministerio de Justicia ha informado este lunes de esta decisión en un comunicado en el que ha resaltado que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española, y determinadas agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

En su petición, el Gobierno también tiene en cuenta la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

En declaraciones a Efe, la titular de Justicia, Dolores Delgado, ha detallado que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no ha precisado a cuántas.

Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

"Es un tema muy, muy grave", ha enfatizado la ministra, quien ha insistido en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores".

Además, ha recalcado que ya se están investigando a algunas en otros países y ha precisado que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.

Al estar prohibida la gestación subrogada en España, aunque no se sanciona la práctica, las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Entre España 2010 y 2016, según las cifras del Gobierno, se han tramitado un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, aunque la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.

En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada.

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

En declaraciones recientes a Efe, David Monje, responsable de la agencia Go4baby, detalló que el proceso puede durar entre 12 y 18 meses y explicó que su empresa ofrece "paquetes" que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres.

Ciudadanos es el único partido que defiende la legalización de la gestación subrogada y el pasado julio registró una nueva proposición de ley en el Congreso para regular "el derecho" a la gestación subrogada en España en la que se contempla que la mujer gestante pueda tener relación de consanguineidad con los futuros padres.

La formación naranja propone un modelo "altruista y garantista" en el que la mujer gestante tome la decisión de prestar su cuerpo para el embarazo "con total y absoluta libertad".

A su juicio, la regulación de esta práctica evitaría los problemas que surgen cuando los ciudadanos españoles viajan a terceros países para acceder a esta práctica, previo pago de las gestiones exigidas por agencias intermediarias.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

Más información en vídeos 
Comentarios