Delgado admite pagos pendientes a los abogados de oficio desde el pasado mes de enero

La ministra de Justicia se ha desplazado a Toledo para conocer de primera mano la "precaridad" del Instituto de Medicina Legal de Toledo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante su visita a la Oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual - EFE /Ismael Herrero
photo_camera La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante su visita a la Oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual - EFE /Ismael Herrero

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha admitido este miércoles que se están produciendo retrasos en el pago de los abogados del turno de oficio, que en algunos casos se acumulan desde enero y lo ha achacado a un "desajuste en cuanto a la prórroga presupuestaria". 

Delgado ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a los juzgados de Toledo, donde ha sido recibida con protestas de los abogados del turno de oficio y de los funcionarios de la Administración de Justicia, que han mostrado sus distintas reivindicaciones.

En cuanto a los retrasos en el pago de los abogados del turno de oficio, ha señalado que está pendiente de pago "en algunos casos" desde el mes de enero, pero ha argumentado que se ha debido a un desajuste en cuanto a la prórroga presupuestaria y ha añadido que "de hecho, el Ministerio de Justicia ha realizado todos los expedientes económicos y están ahora mismo en el Tesoro, pendientes de su aprobación" para el pago.

Sobre sus reivindicaciones para que se actualicen las tarifas, pues según han denunciado los profesionales han estado sin subirse desde 1996, ha ministra ha dicho que el actual Gobierno central ha estado "desde el minuto uno trabajando" en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y ha indicado que, de hecho, ya se ha aprobado la actualización de los baremos. 

En cambio, en declaraciones a los medios de comunicación, la abogada del turno de oficio del Partido Judicial de Ocaña Inmaculada Poveda ha rechazado que el Ministerio de Justicia se comprometió a que el pago iba a ser mensual "y no lo está siendo" y ha lamentado que el año pasado acumularon retrasos de seis meses y que, aunque ya han cobrado lo adeudado de 2018, se están repitiendo los retrasos este año. 

Además, también ha reprochado que, si bien la ministra ha indicado que ya se han aprobado las subidas de los baremos, han estado sin actualizarse desde 1996, lo que supone que han acumulado "un 300 por ciento de agravio comparativo" con respeto al resto de trabajadores. 

También ha pedido que "todo lo que se hagan sea pagado", porque ha lamentado que "hay un montón de actuaciones del sector que no se pagan", como una comparecencia de un ingreso en prisión, si bien ha lamentado que los turnos de oficio que prestan servicio en las comunidades autónomas donde sí están transferidas las competencias de justicia sí se cobran. 

Por otro lado, los funcionarios de la Administración de Justicia también han protestado este miércoles a las puertas de los juzgados de Toledo para pedir la equiparación salarial con el resto de funcionarios de justicia de otras comunidades autónomas donde están transferidas las competencias de Justicia, y han solicitado un incremento de 350 euros mensuales en un complemento específico.

La representante de CCOO en este colectivo, Amelia Mora, ha lamentado que la ministra "ha estado negociando con magistrados, fiscales y secretarios judiciales" sus aumentos retributivos, pero "de los cuerpos generales no se acuerda nadie". 

Mora ha recordado que en 2008 este mismo colectivo estuvo dos meses de huelga indefinida y lograron una subida salarial de 200 euros, por o que ha confiado que ahora puedan conseguir el incremento de 350 euros "sin necesidad de hacer huelga". 

Por su parte, el representante de Justicia de CSIF en Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo, ha señalado que sus peticiones de equiparación salarial son "a la baja" pues ha indicado que la diferencia con algunas comunidades autónomas llega a los 700 euros y se ha preguntado si el incremento salarial que solicitan los 2.000 funcionarios de Justicia de la región no puede ser asumido por el Estado. 

Sobre este asunto, la ministra de Justicia ha dicho que lleva "un tiempo trabajando con ellos" y se han establecido "canales de comunicación" para trabajar juntos en sus reivindicaciones. 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

La ministra de Justicia ha visitado este miércoles los juzgados de Toledo y el Instituto de Medicina Legal, donde los trabajadores le han contado "la precariedad" de los medios disponibles y las instalaciones "realmente complicadas" donde realizan las autopsias. 

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra ha explicado que se ha reunido con el juez decano de Toledo y el fiscal jefe y ha visitado la oficina de atención a las víctimas de violencia de género y Instituto de Medicina Legal y ha considerado que "ha habido una dejadez en cuanto a los medios y hay efectivos con mucha sobrecarga de trabajo". 

Delgado ha indicado que los trabajadores del Instituto de Medicina Legal le han transmitido "la precariedad de medios" y ha añadido que "están trabajando asumiendo una carga enorme de trabajo en unas instalaciones donde se realizan las autopsias, realmente complicado". 

Por ello, ha indicado que el Ministerio de Justicia "está asumiendo estas necesidades para trabajar en una solución". 

CASO VILLAREJO

Por último y de otro lado, la ministra de Justicia ha aseverado que el Gobierno central está colaborando con toda aquella información que se reclama al Consejo de Ministros, en el caso del supuesto espionaje del excomisario José Villarejo a, entre otros, el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

La ministra ha comentado en declaraciones a los periodistas el comunicado de Villarejo en el que señala que en sus encuentros con personas "mediáticamente relevantes y con personas muy posicionadas" de Podemos se hablaba de "cosas muy interesantes" y también se pregunta cómo es que aún no ha emergido en la causa "la documentación que afecta al Partido Socialista Obrero Español y a sus gobiernos". 

Ha señalado que en este tema hay dos partes, la primera de ellas que el caso está sometido a investigación judicial y ha apostado por "esperar a que la justicia funcione", a lo que ha añadido que "lo está haciendo de una manera muy solvente". 

En cuanto a lo que puede aportar el Gobierno central, ha subrayado que el Ejecutivo "está colaborando con toda aquella información que se reclama del Consejo de Ministros".

Así, ha apuntado que se han desclasificado documentos reservados para que "la Justicia tenga a su alcance todos los datos necesarios y toda la información", pues ha considerado que "no se puede hacer de otra manera".

"La justicia está funcionando. Yo creo que eso es lo importante", ha concluido la ministra. 

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