El Defensor del Pueblo formuló más de 1.700 resoluciones a las administraciones para proponer cambios normativos y mejoras a favor de los ciudadanos e inició 870 actuaciones de oficio sobre temas diversos entre los que destacan los refugiados, la violencia de género y los deudores hipotecarios, según el balance difundido este lunes por la institución.
Tal y como explica, a lo largo del año la institución redujo sus tiempos medios de respuesta, que ha pasado a 27,99 días frente a los 62 días que se tardaba en 2013. Además, reformó su página web para promover la transparencia y una mejora de los canales de comunicación de los ciudadanos con la Oficina del Defensor del Pueblo.
En cuanto a los asuntos "más relevantes" abordados a lo largo de 2016, el balance de la institución sitúa en primer lugar a los refugiados, pues se formularon 26 recomendaciones "para mejorar el sistema de acogida e integración de quienes buscan refugio en España" al tiempo que se reclamaba una política común de asilo en la UE.
En cuanto a la violencia de género, la institución emitió recomendaciones "para mejorar la detección de riesgo y la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y de sus hijos", así como para mejorar la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y autonómicos en la lucha contra la trata de seres humanos y tramitar de manera preferente los permisos de residencia de estas víctimas.
En tercer lugar constan los asuntos relativos a deudores hipotecarios, pues el Defensor del Pueblo propuso la creación de un sistema extrajudicial que evite que los clientes afectados por las cláusulas suelo tengan que acudir a los tribunales e insistió en regular la prestación de servicios de recobro de cantidades impagadas para evitar que algunas empresas utilicen métodos poco éticos para cobrar las deudas.
El cobro de nuevas comisiones por la retirada de dinero de cajeros automáticos ajenos a la entidad bancaria emisora de la tarjeta motivó también la actuación de la institución, que abogó por aplicar una tarifa máxima y por ofrecer información clara y precisa que permita a los clientes decidir qué cajero utilizar.
En materia de medio ambiente, se preguntó a 14 ayuntamientos por sus planes de acción a corto plazo para luchar contra la contaminación atmosférica, se pidió al Gobierno balear que justificase la rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales y se reclamó información tras el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, en Toledo.
Otro de los asuntos destacados tuvo que ver con la pensión de los artistas que se ven forzados a elegir entre continuar su labor artística o cobrar la pensión de jubilación. La institución pidió a la Administración mayor flexibilidad para que se pueda compatibilizar el cobro del total de la pensión*con los ingresos procedentes de actividades profesionales.
El balance menciona asimismo actuaciones "para proteger los derechos de los pacientes oncológicos" como "resolver posibles carencias en la atención a menores"; e iniciativas ante el Ministerio de Educación y los responsables autonómicos del ramo "sobre la regulación de las condiciones que deben reunir las aulas de educación especial" para alimnos con trastornos generalizados del desarrollo.
Por último, indica que el Defensor también se ha interesado por el aumento de agresiones a funcionarios públicos y mantiene abierta una actuación al respecto, así como continuó su labor para asegurar que los presos españoles en el extranjero reciben las visitas y la ayuda precisa por parte de los consulados y agilizar el traslado a España de presos ya condenados.
En cuanto a su papel como Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), en 2016 se realizaron casi 100 visitas a centros de privación de libertad, se formularon 10 recomendaciones, 319 sugerencias y 3 recordatorios de deberes legales, así como se iniciaron 131 expedientes de oficio.
Además, los técnicos de la institución supervisaron dos vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros organizados por España (vuelo FRONTEX), ambos con salida desde Madrid y destino a Colombia y República Dominicana.
