La exhumación de Franco, los juicios por el asesinato de Diana Quer o el del niño Gabriel, la sentencia de los ERE... Con el verano dando sus últimos coletazos, la Justicia pone rumbo a un nuevo curso con la mochila cargada de asuntos, entre los que sobresale una sentencia histórica: la del "procés".
Sin la certeza de si se conocerá en septiembre o ya en octubre y con la incertidumbre de si para entonces habrá un gobierno constituido para afrontarla, la sentencia del "procés" es, sin duda, la de mayor expectación, debido a sus connotaciones políticas y a las reacciones que puede provocar.
De ella depende el futuro procesal del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de nueve exconsellers de Carles Puigdemont -que sigue huido en Bélgica-, y de dos líderes sociales, los Jordis, por la celebración del referéndum y la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, ambas ilegales.
Rebelión -defendida por la Fiscalía-, sedición -por la Abogacía del Estado-, malversación y desobediencia. Esa es la horquilla de delitos que pesan sobre los doce que, pese a sus esfuerzos en proclamar su inocencia durante el juicio en el Supremo, se enfrentan a penas de entre siete y 25 años de cárcel, la más alta para Junqueras.
Desde el "visto para sentencia", el tribunal, presidido por Manuel Marchena, ha mantenido reuniones periódicas que se retomarán en septiembre para terminar de pulir una sentencia ya muy encaminada. Su intención es dictarla antes del 16 de octubre, cuando se cumplen dos años de la prisión de los Jordis.
Todo ello mientras en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente pronunciarse sobre la inmunidad alegada por Junqueras después de que se le impidiese salir de prisión para cumplir con los trámites para ser eurodiputado.
DE LA VERTIENTE POLÍTICA A LA POLICIAL
La sentencia contra los responsables del "procés" será crucial en el juicio que comenzará el 20 de enero en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero; la intendente Teresa Laplana; el entonces jefe de la Policía autonómica, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior, César Puig, -segundo de Joaquim Forn, juzgado en el Supremo-.
La Fiscalía acusa a Trapero, Soler y Puig de haber consentido el 1-O y de no frenar el cerco a la comitiva judicial que registró la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, por lo que les acusa de rebelión y pide 11 años de prisión a cada uno. A Laplana le atribuye sedición, en su caso por el 20S, y solicita cuatro años.
MÁS SENTENCIAS HISTÓRICAS: FRANCO Y LOS ERE
De sentencia histórica en sentencia histórica, el Supremo prevé decidir pronto si avala la exhumación de Franco del Valle de los Caídos -promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez- y su posterior reinhumación, bien en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o bien en la cripta de la Almudena, lugar elegido por la familia.
Otra resolución de gran calado político que se espera, siete años de instrucción después, es la del primer juicio de la macrocausa de los ERE.
Han sido juzgados los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis de sus exconsejeros y otros 14 exresponsables políticos acusados de los ERE fraudulentos, que hicieron que parte del dinero (741 millones, según Anticorrupción) acabara en manos de "entidades y personas que no cumplían los criterios".
Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación (el PP-A añade otro de asociación ilícita por el que pide dos años de cárcel), y para Griñán piden seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
La sentencia que se prevé inminente es la del borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, donde están acusados el partido y tres empleados, para quienes, sin embargo, la Fiscalía pide la absolución, motivo por el que las defensas pidieron la aplicación de la "doctrina Botín". Está por ver lo que dice el juez.
LA CRÓNICA MÁS NEGRA
Dos casos que conmovieron a todos llegan a juicio en los próximos meses. El primero, el del asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años, por Ana Julia Quezada, entonces pareja de su padre, que comenzará el 9 de septiembre en la Audiencia de Almería.
La autora confesa se enfrenta a prisión permanente revisable, la misma pena que piden para José Enrique Abuín Gey, el Chicle, por el asesinato de la joven Diana Quer, cuyo cuerpo estuvo desaparecido más de un año. Acusado de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, será juzgado el 29 de octubre por la Audiencia de A Coruña.
UNA AUDIENCIA NACIONAL CARGADA DE JUICIOS
El famoso frente de makos llega a juicio el 16 de septiembre. La histórica abogada de etarras Arantza Zulueta, el exsenador de Bildu Iñaki Goioga y otras 45 personas se sientan en el banquillo por integrar el frente de cárceles de ETA o "KT" -enlace entre la dirección de ETA y sus militantes en prisión- bajo la cobertura de otras organizaciones.
Además, tres históricos exdirigentes de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata; y Soledad Iparraguirre, Anboto, serán entregados por Francia para ser juzgados aquí por causas pendientes.
A partir del 23 de septiembre se juzgará la presunta connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias para extorsionar. Se les acusa, entre otras cosas, de tratar de negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo de "entre 2 y 3 millones de euros".
La Fiscalía pide condenas de 118 años y 5 meses de prisión para el líder de Ausbanc, Luis Pineda, casi 22 años para su esposa, María Teresa Cuadrado; casi 25 para el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y cerca de 12 para Virginia López Negrete, abogada que acusó a la infanta en Nóos.
Y como ya casi es costumbre, este año la Audiencia seguirá juzgando a la trama Gürtel, en concreto la pieza sobre la visita del papa a Valencia en 2006, con Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, como principal acusado. Será a partir del 9 de marzo.
El que no tiene fecha de juicio pero se prevé próximo es el del asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana e ideólogo de la Teología de la Liberación. Hay un único acusado que responderá por el crimen, el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, que se enfrenta a 150 años de cárcel.
Un juicio que se celebró en la Audiencia, la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), llega ya al Supremo el próximo 18 de septiembre, si bien la Fiscalía desistió de recurrir para que los hechos fuesen calificados de terrorismo.
Y EN INSTRUCCIÓN...
Pero la Audiencia no son solo juicios. Seguirán las pesquisas de causas como la del excomisario José Villarejo, con sus numerosas patas, entre ellas la reciente imputación del BBVA; o la Púnica, a la espera de saber si el juez imputa a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional.
Y muchas más. Lezo, el 3 % de CDC o la fortuna de los Pujol, de la que siguen saliendo nuevos datos.
