UGT ha pedido la convocatoria de una mesa de diálogo para evaluar el sistema de residencias de mayores de Castilla-La Mancha, en la que estén sindicatos, las patronales del sector y la Administración, con el fin de analizar lo que ha ocurrido con la pandemia de COVID-19 y los cambios que son necesario acometer.
Así lo ha reclamado este martes en una rueda de prensa el secretario del sector Autonómico y Sociosanitario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT de Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, que ha defendido que se cree esta mesa "para valorar lo que ha pasado, los cambios que son necesarios" y también para analizar la posibilidad de que haya un nuevo acuerdo marco entre la Junta y las residencias que hay en la región.
Esta mesa debe de constituirse "no solo porque la Fiscalía ponga el foco en ciertos centros, porque nosotros queremos que se inspecciones todos y cada uno de los centros de Castilla-La Mancha en los que ha habido fallecidos", ha afirmado Monforte, que ha recordado que ha habido 2.600 muertos por coronavirus en residencias de mayores de la región, que suponen el 83 por ciento de los decesos por COVID-19 que ha habido en la comunidad autónoma.
Monforte ha cuestionado la forma en la que el Gobierno regional ha gestionado la pandemia en las residencias de mayores, ya que ha habido una "ausencia absoluta" de protocolos, porque aunque el 20 de marzo anunció que iba a haber un protocolo específico éste todavía no ha sido publicado y también una falta de equipos de protección individual (EPI), mientras que tampoco se han hecho test serológicos a todo el personal, como se había anunciado.
Desde que se inició la pandemia, UGT ha constatado que ha habido falta de coordinación y ausencia de instrucciones claras por parte del Gobierno regional de cómo había que actuar, ha asegurado Monforte, que ha añadido que el sindicato ha enviado 28 informes de situación a la Consejería de Bienestar Social, pero este departamento los ha entendido "como una presión añadida a la que ya existía".
Por ello, ha mantenido que es necesario hacer un análisis profundo de lo que ha ocurrido, que también ha tenido algún aspecto positivo como los equipos de coordinación del Sescam que están inspeccionando las residencias en cada provincia, que ha pedido que no desaparezcan cuando se supere la pandemia y se mantengan en funcionamiento.
El secretario regional del Sector Autonómico y Sociosanitario de la FeSP ha aseverado que ha habido "una falta de interlocución general, no solo con UGT, sino con otros sindicatos, con asociaciones y con patronales" y ha comentado que mientras que en otras comunidades autónomas ya se está trabajando sobre que cambios son necesarios en la dependencia y en los servicios sociosanitarios, el Gobierno Castilla-La Mancha lo está haciendo sin contar con los sindicatos.
En este sentido, ha abogado por la necesidad de que se analice el acuerdo marco que regula la concertación de plazas en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha por parte de la Junta de Comunidades, porque se ha evidenciado que hace falta retocarlo porque se necesita más dinero.
Monforte ha recordado que este acuerdo marco se formalizó en la época del Gobierno de María Dolores de Cospedal, y fue criticado porque estableció un modelo que mercantiliza el servicio, ya que evalúa el precio pero sin entrar al detalle de la calidad del servicio que se presta con ese dinero.
Sin embargo, "cinco años después nos encontramos por sorpresa que ese acuerdo marco se prorroga un año de forma unilateral por parte del Gobierno regional", sin contar con los sindicatos, y probablemente tampoco con las patronales, que ya antes de la crisis del coronavirus advertían de la imposibilidad de prestar unos cuidados de calidad con el precio que paga la Junta por plaza con arreglo al acuerdo marco.
Si a esta circunstancia se le suma que ha habido una contratación masiva de personal o el incremento del precio de materiales como los guantes de protección, es evidente que "con el mismo dinero no se puede seguir dando una atención de calidad", ha apuntado Monforte, quien ha advertido que prorrogarlo "es una temeridad" del Gobierno de Castilla-La Mancha".
