viernes 14/8/20

Sanidad no tiene datos fiables de las muertes en residencias: de 27.000 a 34.000

- La cifra total oscila entre 27.359 y 32.843 fallecidos, según fuentes del Ministerio de Sanidad, que reconoce la escasa calidad de los datos trasladados por las CCAA.

- La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales asegura que es "incomprensible" que todavía no haya dato fiable de los fallecidos en las residencia.

Sanidad no tiene datos fiables de las muertes en residencias: de 27.000 a 34.000
Sanidad no tiene datos fiables de las muertes en residencias: de 27.000 a 34.000

El Ministerio de Sanidad reconoce que la escasa calidad de los datos de muertes en residencias trasladados por las comunidades autónomas durante la pandemia ha dificultado su difusión, incluso una de ellas no los ha enviado, por lo que la cifra total oscila entre 27.359 y 32.843 fallecidos, según las fuentes.

El Resumen Nacional de Residencias, con datos hasta el 20 de junio, que el ministerio ha mostrado a los responsables autonómicos, registra 27.359 fallecimientos en residencias: 9.003 casos (el 32,9 % de los fallecidos) por covid-19, en 9.830 se detectó sintomatología covid pero no se llegó a confirmar (35,9 %) y el resto (31,2 %) se atribuyen a otras causas.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, recoge los datos enviados por las comunidades entre el 6 de abril y el 20 de junio y admite las dificultades de la plataforma del Sistema de Información "poco amigable" para el registro de esos datos, así como errores en la suma de residentes en centros intervenidos y en los propios datos de fallecimientos totales comparados con otras fuentes.

Incluso, señala que una comunidad no ha enviado los datos ni una sola vez a este registro y algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo (dos de ellas solo notificaron una vez datos) en el sistema de información que marcó como obligatorio, a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo.

Añade que hay poca precisión en las causas de fallecimiento de los residentes, ausencia de depuración de los datos por el sistema, fechas incoherentes en el envío de la información o informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención.

En este documento, se especifica que el número total de centros intervenidos fue de 391 (el 5 % del total) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes y contabiliza 7.756 centros en los que residen 340.571 mayores.

Preguntada en rueda de prensa este miércoles por este informe, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha ha explicado que el informe con los datos remitidos por las comunidades autónomas "no está aun consolidado", y esa es la razón por la cual el borrador señala que alguna región no ha proporcionado la información que se ha reclamado desde el departamento que dirige Salvador Illa.

Ha recordado que en su día el Gobierno solicitó una información actualizada para tener una "aproximación más clara" sobre lo que había ocurrido en las residencias de mayores.

"En el momento en el que ese informe esté consolidado, sea robusto, se dará a conocer como así se comprometió el propio ministro de Sanidad", ha asegurado la portavoz del Gobierno en rueda de prensa.

A este respecto, fuentes del Gobierno del Principado de Asturias han señalado a Europa Press que se envió "puntualmente" la información y que "no hay ninguna discrepancia por la misma". Por su parte, el departamento de Sanidad de Castilla-La Mancha sostiene que la comunidad "ha entregado en tiempo y forma toda la información al Ministerio sobre fallecimientos en residencias", puntualizando desde el inicio los fallecimientos en residencias en todas sus informes diarios.

NO SE ENTIENDE NO HAYA DATO FIABLE

Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales cree que es "incomprensible" que después de varios meses no haya todavía datos fiables de fallecidos en las residencias durante la pandemia, tal y como reconoce el Gobierno en el documento interno.

"Es incomprensible que pasada la emergencia inicial todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada, que permita la realización de estudios de los centros para tener un relato objetivo y certero de lo que ha pasado y poder proponer medidas a tomar", denuncia a Efe el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez.

Considera que "es urgente e imprescindible tomar estas medidas con carácter inmediato, si queremos estar preparados por si en otoño hubiera un rebrote".

La asociación de Gerentes en Servicios Sociales propone monitorizar los datos de las residencias para implantar un Sistema de alerta temprana y seguimiento unificado para todo el Estado.

"Es posible que se estén filtrando los datos (incluso manipulando) por los Gobiernos Autonómicos, por las empresas o entidades gestoras e incluso por las direcciones de los centros", censura.

Esta asociación advierte de que no es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos y lamenta que en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos.

"Los centros residenciales de los servicios sociales no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad", lamenta Ramírez.

Por ello Ramírez cree que es preciso que las consejerías competentes en servicios sociales y las entidades gestoras prevean esta cuestión y "preparen planes de contingencia y reservas adecuadas de materiales".

"Hay que establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria o bien adecuando las plantillas de personal sanitario de los centros de salud, o bien estableciendo equipos específicos organizados y supervisados desde las áreas sanitarias", argumenta.

En caso de que se vuelva a la situación de hace unos meses, Ramírez plantea valorar diversas opciones, como la de medicalizar las residencias con recursos humanos y técnicos del sistema público de salud implantando medidas de hospitalización para los residentes en los propios centros de mayores.

"Se contribuiría con ello a aliviar la presión en los centros hospitalarios, se reduciría el riesgo de contagio en una población tan vulnerable como son las personas mayores y constituirían un beneficio evidente para su bienestar y el de sus familiares", plantea.

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