miércoles 12/8/20

El Gobierno aprueba el plan para evitar el colapso de los juzgados con 50 millones

El programa, diseñado por el Ministerio de Justicia y consensuado con las doce comunidades con competencias, afectará a 315 juzgados e incluye refuerzos de personal para los más saturados, un plan con retribuciones extraordinarias por objetivos y nuevos órganos judiciales mercantiles y de lo social
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

Concluido el estado de alarma y ante el previsible alud de causas que llegarán a los juzgados por la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas, el Gobierno ha aprobado este martes un plan de choque para la Justicia dotado con más de 50 millones de euros para este año y 2021.

El programa, diseñado por el Ministerio de Justicia y consensuado con las doce comunidades con competencias, afectará a 315 juzgados e incluye refuerzos de personal para los más saturados, un plan con retribuciones extraordinarias por objetivos y nuevos órganos judiciales mercantiles y de lo social, los que se prevé que se vean más afectados en un principio por causas de despidos, ERTE o concursos.

Para las asociaciones de jueces consultadas por Efe se trata de un plan "insuficiente", dados los problemas estructurales que arrastra la administración de justicia.

Los juzgados se centraron durante el estado de alarma en los denominados servicios esenciales y deben ahora agendar decenas de miles de vistas suspendidas, que se juntarán con los casos que quedaron en cartera en muchos despachos de abogados y con las demandas que amenazan con inundarlos.

En rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo de Ministros que ha dado luz verde al proyecto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho hincapié en que se trata de un "plan de actuación por objetivos", ya que marca el número de resoluciones que deben dictarse cada mes en cada órgano reforzado.

De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha añadido, se crearán unidades para controlar cada quince días el funcionamiento del plan y medir sus resultados.

La primera fase, entre el 1 de septiembre y finales de año y dotada con alrededor de 6,9 millones de euros, se centrará en la jurisdicción social y en los juzgados de lo mercantil; y en 2021, cuando se destinarán 43,7 millones, se ampliará a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Campo ha subrayado la necesidad de que evitar la saturación de la la administración de Justicia para que se convierta en un elemento "dinamizador de la economía", recordando, como ejemplo, que en estos momentos hay alrededor de 5.000 millones de euros paralizados en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, donde se depositan fianzas o incautaciones.

El plan prevé que el 64 % de los órganos de lo social y el 84 % de los mercantiles cuenten con medidas de "autorrefuerzo", es decir, incentivos económicos para acelerar la resolución de causas; y que los refuerzos con personal externo beneficien a 49 juzgados.

Se incluye también la creación de 21 nuevos órganos judiciales, ocho mercantiles y trece en la jurisdicción social, pero, subraya la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), varios de ellos ya estaban previstos antes del coronavirus.

"Toda medida de apoyo es bien recibida, máxime en las actuales condiciones de sobrecarga y vista la situación económica, pero harían falta muchas más para hacer frente a las necesidades estructurales que han sido olvidadas durante decenas de años", ha advertido a Efe María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera.

Tras recordar la necesidad de convocar oposiciones para mantener la planta, Del Barco avisa de que el plan del Ministerio es "claramente insuficiente", teniendo en cuenta que dependerá en buena medida del esfuerzo que realicen las comunidades autónomas con competencias.

Para la AJFV, segunda asociación en representación, el plan también resulta insuficiente, porque "intenta invertir el menor dinero posible" y se basa en el autorrefuerzo, cuando ya muchos juzgados arrastran una saturación estructural antes del coronavirus.

"Nos tenemos que todo lo anterior no sea más que humo y al final los titulares de cada juzgado acaben más saturados todavía de lo que ya estaban", recalca en un comunicado su portavoz, Jorge Fernández Vaquero.

Foro Judicial Independiente (FJI), minoritaria, ya expresó su "total rechazo" al plan cuando se lo presentó el Ministerio al considerar también que los planes de incentivos por objetivos son un "un planteamiento erróneo desde la base" con juzgados ya "totalmente colapsados".

"Será papel mojado sin inversiones reales y concretas para reforzar plantillas y medios tecnológicos", denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

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