El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto la actualización de la normativa de las prestaciones sociales para adaptarlas al Ingreso Mínimo Vital y ha hecho hincapié en que cada una tiene condiciones “diferentes” que se deben unificar.
Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la inauguración de la jornada de reflexión y análisis del Ingreso Mínimo Vital y la orientación a la acción de una próxima Estrategia de Lucha Contra la Pobreza y la Desigualdad Social en Castilla-La Mancha, ha indicado este lunes la Consejería en una nota.
La iniciativa, organizada por el Ejecutivo autonómico con la colaboración de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en la región, ha contado con la participación de la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua.
Sánchez ha señalado que cada una de las prestaciones sociales del sistema de protección regional tiene condiciones “diferentes” que se deben unificar, así como identificar los colectivos o personas que se pueden quedar fuera del Ingreso Mínimo Vital por no cumplir los requisitos para poder ofrecer “la mayor cobertura posible” desde la Administración regional.
Asimismo, ha indicado que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital constituye “un gran avance en el reconocimiento de derechos sociales sólo equiparable a la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, ya que corrige un déficit histórico del modelo de bienestar”.
“Es una medida de justicia social creada para garantizar la igualdad de oportunidades como instrumento de prevención de la exclusión y como mecanismo de estímulo para que los beneficiarios encuentren empleo”, ha subrayado la consejera.
Ha explicado que la pobreza estructural que deriva en exclusión tiende a cronificarse y a ser un modelo de vida hereditario y que esta espiral de pobreza es la que rompe el Ingreso Mínimo Vital.
La titular regional de Bienestar Social ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja en la actualización y adaptación de las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo de analizar las familias o colectivos que pudieran no ser beneficiarios y aportarles la cobertura necesaria, “para que nadie se quede atrás en momentos de dificultad económica o social”.
En este punto, ha puesto como ejemplo a los jóvenes que han sido tutelados por la Administración y que, al tener una edad entre 18 y 23 años, no podrían beneficiarse de esta prestación.
En este caso concreto, y según ha apuntado la consejera, el Gobierno de Castilla-La Mancha les garantizará un acompañamiento social y unos ingresos mínimos para que puedan completar sus estudios o iniciar su vida laboral hasta que puedan ser autónomos.
Sánchez ha destacado la colaboración y el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, de los que ha dicho que están “volcados en trasladar la mejor información a las personas que lo solicitan para prestar acompañamiento social y salir de situaciones que conducen a la exclusión social”.
