El Congreso ha respaldado este jueves el real decreto del Ministerio de Educación que adopta medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus, y que permite a las comunidades adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Se ha convalidado el real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre con 187 votos a favor, 154 en contra y 7 abstenciones; no se ha aprobado sin embargo el que se tramitara esta norma como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho en la defensa de la convalidación del decreto que es "sencillamente falso" que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos como le critican partidos de la oposición y varios sindicatos y colectivos de la comunidad educativa.
Para titular "se necesitará que se garantice que el alumno ha conseguido los objetivos generales" de la etapa correspondiente, ha asegurado.
No obstante, el real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre señala: "La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones".
En todo caso, para la obtención del título de Bachiller "será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia", se añade.
La ministra ha subrayado que no se tiende a un menor esfuerzo y que será el equipo docente, "de manera colegiada", el que decidirá si se han conseguido los objetivos.
Sobre el punto del decreto que permite, de manera excepcional por la covid, que las comunidades contraten como profesores a titulados que no tengan el máster para la docencia, ha recalcado que se trata de reforzar las plantillas y solo cuando se agoten las bolsas de empleo.
El decreto debatido en la Cámara baja ha recibido las críticas y el voto en contra desde el PP, cuyo diputado Óscar Clavell ha dicho a Celaá que "es digna de visitar el rincón de pensar", en referencia al castigo popular para los escolares.
Los populares creen que el decreto no fija criterios comunes y "se fractura el sistema educativo"; además, "es un castigo al esfuerzo".
En cuanto a los docentes, Clavell ha recordado que los decanos de Educación, los sindicatos e incluso los rectores de la CRUE han criticado que se "devalúe" la profesión con este decreto que no exige el máster de Secundaria para dar clase.
Marta Martín (Ciudadanos) también ha asegurado su voto en contra tras criticar que su contenido parece que es "lo urgente" para el Gobierno pero no para los niños y profesores.
"Es la propuesta del cangrejo, para atrás", rebaja el nivel del sistema y de la capacitación del profesorado, que será "a la carta", y crea "desigualdad", ha enfatizado Martín.
Además, ha anunciado que van a animar a sindicatos y colectivos a que reclamen en el Parlamento Europeo lo que está pasando con la educación en España como ya ha hecho la Confederación de la concertada Concapa.
Para Georgina Trías(Vox), el texto es "la plasmación" de que el Gobierno "siempre llega tarde y mal" en educación. No tiene un criterio unificado para los españoles sino que deja en manos de las comunidades y centros "la decisión sobre la promoción de los alumnos"; "es un agravio comparativo entre españoles que no nos merecemos", ha añadido.
Trías, que ha adelantado su voto contrario, le ha dicho a Celaá que lamentaba las pintadas que aparecieron en su domicilio de Bilbao y ha asegurado que Vox es "contrario" a los escraches.
Sergio Sayas (UPN) ha dicho asimismo que votaría no "al decreto del aprobado general", que "da una patada al esfuerzo y devalúa" los títulos y la profesión docente.
Por el contrario, Joan Mena (Unidas Podemos) ha defendido el decreto del Ejecutivo, aunque ha pedido un esfuerzo mayor para solucionar el problema de los "docentes interinos en fraude de ley" y que se regule la disminución de la ratio.
Mena ha dicho que lo que hemos "aprendido" con la pandemia es que "la monarquía divide, la educación protege y la sanidad pública salva".
Ha mostrado su apoyo Miquel Valentí (JxC), que cree que el texto "pone las cosas fáciles" al sistema educativo y que responde a una situación de emergencia.
Para Josune Gorospe (PNV) la norma también engloba medidas temporales que "ojalá" solo se apliquen este curso, ha considerado que "no hay extralimitaciones de las competencias del Estado" y ha respaldado el decreto pero no para que se tramite como proyecto de ley.
Dolors Bassa (Grupo Republicano) se ha mostrado partidaria del decreto porque "no queda otra que ser flexibles" y porque "deja claro" que serán las administraciones las que decidirán las diversas medidas que se pueden aplicar.
Ha cerrado el turno de grupos Luz Martínez (PSOE), que ha destacado que el decreto "facilita" y da "seguridad jurídica" a la comunidad educativa.
"En ningún sitio se dice que haya que regalar los aprobados o que un docente tenga la obligación de aprobar con suspensos ni que a un alumno se le regale el curso por ser alumno", ha enfatizado Martínez, que ha dicho que con la Lomce o ley Wert más del 24 % del alumnado pasa de curso con asignaturas suspensas.
