El Gobierno de Castilla-La Mancha financia un total de 19 proyectos destinados al pueblo gitano en la región, con un presupuesto que supera el millón de euros, y que atienden aproximadamente a 1.500 familias mediante acciones relacionadas con la integración laboral, el refuerzo educativo, la mediación intercultural y la reducción de la brecha digital en los jóvenes gitanos.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha presidido la reunión del Consejo Regional del Pueblo Gitano que se ha celebrado este miércoles, en la que ha estado acompañada por el vicepresidente y la vicepresidenta tercera de dicho Consejo, Jesús Cano y María Santiago.
Sánchez ha explicado que estos proyectos trabajan con la población más vulnerable del pueblo gitano en distintos ámbitos, como la empleabilidad, la búsqueda de oportunidades laborales o el éxito académico para permitir a los niños romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza.
La titular de Bienestar Social ha agradecido la labor de los profesionales que cada día trabajan por el respeto al pueblo gitano en Castilla-La Mancha y ha recordado que el Gobierno regional ha duplicado las familias beneficiarias de estos proyectos de inclusión en los últimos cuatro años.
Sánchez también ha indicado que el Consejo Regional del Pueblo Gitano será informado como órgano consultivo de la actividad normativa de la Consejería de Bienestar Social en los últimos meses, así como de todas las convocatorias y proyectos que se desarrollan de forma específica con esta etnia y que han tenido que adaptarse a las recomendaciones sanitarias por la nueva normalidad.
CIERRE DE MERCADILLOS
Por su parte, las entidades representantes del pueblo gitano en Castilla-La Mancha alertan que la suspensión de los mercadillos de venta ambulante por la pandemia del COVID-19 ha supuesto que "el 90% de las familias" de este colectivo "no tengan ingresos para poder comer".
Así lo ha destacado el vicepresidente segundo del Consejo Regional del Pueblo Gitano, Jesús Cano, en declaraciones previas a la reunión de este órgano, manifestando que el empleo, la educación y la vivienda son los principales problemas del pueblo gitano.
Asimismo, ha considerado que el tema de vivienda es "prioritario", así como el de la educación, ya que sin ella los niños gitanos "no van a tener posibilidad de sobrevivir".
De su lado, la vicepresidenta tercera, María Santiago, ha considerado que, haciendo un análisis de los últimos cuatro años, "es un hecho" que la inversión en el pueblo gitano por parte de la Consejería de Bienestar Social ha aumentado, afirmando que "todo lo marcado se ha cumplido".
Por ello, ha defendido que no tienen que hacer "ninguna reclamación" ya que la relación entre la Junta y las entidades siempre se ha caracterizado "por el diálogo y las propuestas". "Plantearemos distintas alternativas para llegar a un acuerdo y ver lo mejor para el pueblo gitano", ha remachado.
RENTA BÁSICA REGIONAL O NACIONAL
En otro orden, la consejera de Bienestar Social ha afirmado que la Administración regional no tiene conocimiento de que en Castilla-La Mancha haya familias que no estén cobrando ni el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España ni el Ingreso Mínimo de Solidaridad de la Comunidad Autónoma, y ha instado a las familias que se encuentren en esa situación a que se pongan en contacto "rápidamente" con los Servicios Sociales de la Junta.
Sánchez, a preguntas de los medios, ha insistido en que si hay familias que no se encuentran amparadas por ninguna renta básica, deben comunicarlo y así los profesionales "tienen que solicitar, como mínimo, una ayuda de emergencia".
Asimismo, la consejera ha vuelto a reiterar que su Consejería mantiene un "contacto directo" con el Gobierno central para el trasvase de datos de las personas que cobran el Ingreso Mínimo de Solidaridad, de cara a que se puedan incorporar al Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Tras reconocer que ha habido una "avalancha de solicitudes" del Ingreso Mínimo Vital que la Administración del Estado "quizá no ha podido gestionar", achacando el retraso a "problemas más bien administrativos", ha insistido en que quien aún no se haya podido incorporar a la renta básica del Estado y está cobrando la de la región "va a seguir cobrándolo". "Tienen un derecho adquirido y no lo van a perder", ha reafirmado.
En este sentido, ha añadido que el Gobierno de España les va enviando semanalmente los datos de las personas que se van incorporando al Ingreso Mínimo Vital y que este número "se va incrementando significativamente".
DECRETO PARA REORGANIZAR LAS PRESTACIONES
Por otra parte, Aurelia Sánchez ha vuelto a repetir, como ya avanzará el viernes, que el nuevo Decreto de Prestaciones Económicas para las personas en situación de dificultad económica y social saldrá a información pública esta semana, "como muy tarde el viernes".
La responsable regional de Bienestar Social ha asegurado que ya se está organizando la creación de un grupo de trabajo para hacer realidad este decreto, que en sus palabras será el que "unifique las prestaciones" de la Consejería.
Entre otras, va a regular a las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las ayudas de emergencia y otras como las ayudas a familias numerosas o en situación de viudedad.
Del mismo modo, ha detallado que el objetivo del Gobierno castellanomanchego era "o crear una renta básica en Castilla-La Mancha o una renta garantizada en España", por lo que, una vez que ha sido creado el Ingreso Mínimo Vital, su labor va a ser crear "un apoyo complementario para familias que no lleguen o se queden fuera" de ese ingreso mínimo.
