Las defunciones en Castilla-La Mancha en mayo de 2020 han disminuido un 10,8 por ciento con respecto a las inscritas en el mismo del mes del año anterior en los registros civiles de la región, que han expedido un total de 1.439 licencias de enterramiento en mayo, el 31,7 % de las cuales han sido por COVID-19 o sospecha de la enfermedad.
Así lo ha recogido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en el marco del expediente gubernativo abierto por la Presidencia con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles durante el estado de alarma y en ejercicio de las funciones inspectoras, ha informado el tribunal en un comunicado.
De las 1.439 licencias expedidas en mayo -frente a las 1.614 en mayo de 2019-, en 456 (31,7 %) se recoge como causa del fallecimiento la COVID-19 o sospecha compatible con el coronavirus en la certificación médica o porque existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa.
Por provincias, durante el mes de mayo se han expedido 284 licencias en Albacete (23,9 % con sospecha de COVID-19), en Ciudad Real 407 (38,3 % por COVID-19), en Cuenca 146 (32,9 % por sospecha de coronavirus), en Guadalajara 124 (31,5 % por COVID-19), y en la provincia de Toledo 478 (30,3 % con sospecha de coronavirus).
El total acumulado de marzo, abril y mayo supone que en Castilla-La Mancha se han expedido 8.799 licencias de enterramiento, de las cuales 5.125, es decir el 58,2 %, se han registrado por causa COVID-19 o sospecha.
Con respecto a la reducción del número de licencias en mayo, también ha sido significativa con respecto a los meses de marzo y abril de 2020, ya que el descenso con respecto al mes de abril es del 63,1 % (3.902 licencias enterramiento en abril frente a 1.439 de mayo), mientras que en marzo el porcentaje de disminución es del 58,4 % (3.458 licencias de enterramiento en marzo por 1.439 de mayo).
Esta circunstancia, según el TSJCM, ha tenido como principal efecto la normalización en el trabajo de los registros civiles de Castilla-La Mancha, que durante la pandemia han realizado servicios esenciales en la Administración de Justicia, con la expedición de licencias de enterramiento como la principal y casi única actividad.
El expediente gubernativo de la Presidencia del TSJCM se abrió en abril tras constatar con datos el incremento sustancial de licencias de enterramiento y defunciones durante el mes de marzo, que estaba provocando dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
También se pusieron de manifiesto complicaciones para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus, sobre todo por no someter a las personas afectadas a test o analíticas.
El acuerdo dictado por la Presidencia del TSJCM pedía prevención a los jueces encargados de los registros civiles para hacer una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte y, por ello, los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, colaboran en la revisión de las licencias de enterramiento y defunciones inscritas desde el día 1 de marzo de 2020.
