La OCU pide a los partidos políticos de Castilla-La Mancha mejoras en la protección al consumidor

La Organización de Consumidores y Usuarios, a través de su Delegada en Castilla-La Mancha pide que se facilite la comunicación y mejoren los servicios de los pequeños municipios con riesgo de despoblación
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A la vista de las elecciones regionales y municipales del próximo 28 de mayo, la Delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Castilla-La Mancha ha enviado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones un documento que recoge diferentes medidas que tienen como objetivo mejorar la defensa de los derechos de los consumidores.

Para OCU es necesario reforzar y dotar de más eficacia a los mecanismos de protección de los consumidores de la administración pública más cercana al ciudadano. Empezando por los pequeños municipios de la región que sufren la falta de servicios básicos, como la atención sanitaria, el acceso a las telecomunicaciones, a la banca, pero también a la hora de mejorar las comunicaciones con otras localidades más grandes mediante el acondicionamiento de carreteras o el impulso del transporte público.

Entre las medias propuestas destacan la necesidad de reforzar entre las empresas locales la adhesión a los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, especialmente las juntas arbitrales de consumo y animar a los consumidores a acudir a esta vía de resolución de conflictos, dotando a los árbitros de recursos para proceder a la resolución de conflictos en un plazo no superior a 90 días, han informado en nota de prensa.

El documento de OCU recoge numerosas propuestas que abarcan diferentes ámbitos como la energía, la salud, la alimentación, la vivienda, el mercado digital, la movilidad, la seguridad y el consumo sostenible, que inciden notablemente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Proponen fomentar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos a nivel, especialmente las Juntas Arbitrales de Consumo, mediante campañas de adhesión del pequeño y mediano comercio, así como de los pequeños prestadores de servicios, facilitando una mayor información a la ciudadanía sobre sus virtudes y potencialidades, y garantizando la calidad en su funcionamiento dignificando el papel de los árbitros y dotándolas de recursos que permitan la resolución de las reclamaciones en un plazo no mayor a 90 días.

Demandan asegurar los servicios asistenciales para las personas mayores garantizando el pleno desarrollo de las políticas de dependencia desde la administración más cercana a la ciudadanía, mejorándolas, dotándolas de suficientes recursos presupuestarios y priorizando, tanto la detección de necesidades como una atención domiciliaria de calidad.

Piden proteger la salud de los menores controlando la publicidad dirigida a menores de determinados productos o servicios como son el alcohol, el tabaco o los alimentos no saludables suponen un riesgo para su salud física y mental, reforzando las restricciones en materia publicitaria dirigida a menores y limitando su acceso a estos productos y servicios, así como asegurar las medidas para garantizar la limitación de acceso a los locales de juego y la proliferación de los mismos.

Así como mejorar las listas de espera en la sanidad pública y garantizar la disponibilidad de agua del grifo gratuita en establecimientos de restauración abiertos al público. Una vez aprobada la norma, se debe fomentar que los establecimientos hosteleros la ofrezcan de manera gratuita a los clientes.

Contribuir a reforzar el parque de vivienda pública en alquiler apostando seriamente por promover este tipo de vivienda, facilitando el acceso de los colectivos más desfavorecidos en las grandes urbes y favoreciendo a su vez la bajada de precios y facilitar el alquiler social. Destinando fondos públicos a subvencionar el alquiler social a consumidores en situación de vulnerabilidad, y a colectivos concretos, jóvenes y pensionistas de forma que estos no destinen más del 35% de sus ingresos al pago de la renta.

Regular el alquiler turístico, distinguiendo a quien alquila su vivienda de forma ocasional, de quien lo hace de manera profesional, a los que hay que exigir mayores requisitos que a los particulares.

Ofrecer incentivos fiscales al alquiler en el ámbito de la tributación local para sacar al mercado las viviendas que en la actualidad se encuentran vacías, estimulando, a través de deducciones fiscales el alquiler de viviendas a los particulares.

IMPUESTOS

Reducir los impuestos que encarecen la vivienda, especialmente en cuanto a los costes artificiales cargados sobre el suelo, sobre procesos urbanísticos eternos y complejos, sobre decenas de impuestos y tasas, múltiples intermediarios que se van sumando a lo largo del proceso de construcción de una vivienda.

Apoyar el uso de vehículos menos contaminantes, con una apuesta decidida de creación, conservación y ampliación de carriles para bicicletas y patinetes, y establecer una fiscalidad de los vehículos en función de la contaminan real, y fomentar el vehículo eléctrico con un plan de creación de una red de puntos de recarga que permita el uso de vehículos enchufables a la mayor parte de las personas, así como de las infraestructuras adecuadas para ello.

Potenciar el transporte público mediante políticas de tarifas ajustadas y que favorezcan el uso habitual del transporte público, la facilitación del intercambio entre diferentes tipos de transporte coordinando horarios y lugares de parada e implantando billetes válidos para varios medios de transporte, la adecuación de la oferta a las necesidades reales de los usuarios, tanto en recorridos y número de líneas y de vehículos como en frecuencias de paso. A ello debe sumarse el fomento la intermodalidad, y las conexiones en los municipios más pequeños con las urbes más grandes, a fin de poder contar con los servicios básicos y el acceso a los mismos.

Desarrollar estrategias para incentivar y formar al ciudadano sostenible aplicando políticas que premien al ciudadano comprometido con bonificaciones fiscales y otros estímulos. Realizar talleres en los centros escolares, formando a los más pequeños con un consumo responsable.

Promocionar la compra pública sostenible mediante cláusulas sociales y medioambientales para los contratos de las administraciones que puedan servir para que el sector público impulse la innovación y la producción sostenible y, con ello, la cantidad de alternativas y unos precios más asequibles de las mismas.

Mejorar la eficiencia energética solicitando ayudas para el cambio hacia electrodomésticos más eficientes.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de nutricionistas, economistas, abogados, estadísticos, profesionales de la salud, ingenieros y editores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 200.000 socios activos.

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