martes 26/1/21

El Consejo Asesor de Servicios Sociales informa del anteproyecto de Ley de Tutela de CLM

El pleno del Consejo ha recibido información de la regulación por parte del Gobierno de España de la Teleasistencia avanzada, que podrá prescribirse para personas con Grado I de Dependencia como única prestación y no simultánea con otra, para que sea financiada por los Presupuestos Generales del Estado

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha presidido la reunión ordinaria del pleno del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, celebrada en Toledo
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha presidido la reunión ordinaria del pleno del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, celebrada en Toledo

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado este viernes que la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad se remitirá a las Cortes Regionales el próximo mes enero y ha deseado que, en ese momento, "cuente con la unanimidad de todos".

Para ello ha invitado a todos los grupos políticos y distintas organizaciones a que, antes de que el proyecto de ley se presente en las Cortes, hagan llegar a la Consejería "todas sus sugerencias y propuestas, porque vamos a incorporar todo lo que enriquezca la ley".

Así lo ha manifestado Sánchez en declaraciones a los periodistas, antes de presidir la reunión ordinaria del pleno del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que tiene entre los puntos de su orden del día el informe de dicha ley antes de su traslado al Consejo de Gobierno para su toma en consideración.

"No pensamos que ningún grupo ni organización pueda ponerle pegas a trabajar por la protección y apoyo de las personas con discapacidad y para dar seguridad a sus familias cuando ellas falten", ha aseverado Sánchez.

Por ello, ha confiado en que esta norma se pueda aprobar por unanimidad y ha subrayado que, si se logra este objetivo, "va a ser un mérito de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, no sólo del Gobierno que ha sido el impulsor".

Por otro lado, el Consejo Asesor de este viernes ha sido informado sobre la regulación por parte del Gobierno de España del Servicio de Teleasistencia Avanzada, que podrá ser aprobado como prestación única para las personas en situación de Dependencia de Grado I y que antes tenía que ser de forma simultánea con otra prestación o servicio para que fuese financiada por el Gobierno de España.

Sánchez ha recordado que, en la actualidad, el servicio de teleasistencia es un servicio público y gratuito, que llega a todos los demandantes y que financia al cien por cien el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este punto ha explicado que, además de los dispositivos de la medalla o pulsera, la Teleasistencia Avanzada tiene sensores de caída, de gas, de humo y unos dispositivos técnicos móviles de localización que pueden llevar las personas en zonas rurales.

Y que lo que han propuesto las comunidades autónomas por unanimidad, en el último consejo Territorial de Servicios Sociales, es que el Gobierno central-que en el caso de Castilla-La Mancha solo financia el 16 % del sistema de dependencia- comience a financiar, "por lo menos, este tipo de teleasistencia, más compleja y más costosa", siempre en colaboración con los gobiernos regionales.

En este contexto, la consejera ha recordado que el Gobierno de García-Page ha incrementado un 8,1 % los usuarios del servicio de Teleasistencia, que han pasado de 47.488 en junio de 2015 a 51.353 en junio de 2017.

Respecto a las personas en situación de Dependencia que reciben el servicio de Teleasistencia, han crecido un 109 por ciento entre junio de 2015 y septiembre de 2017, ya que había 4.872 beneficiarios en junio de 2015 y ahora son 10.163, es decir 5.291 personas más.

Por último, el Consejo de Servicios Sociales ha conocido los criterios comunes de acreditación profesional en la atención a la dependencia que se han aprobado, también en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, a petición de las comunidades autónomas.

Así, ha explicado la consejera, se prorroga el mecanismo de 'habilitación excepcional' para profesionales con tres años de experiencia, que tengan 2.000 horas de trabajo en los últimos 12 años, pero se elimina el requisito de que sean mayores de 55 años.

Además, se ha aprobado una 'habilitación provisional', hasta el 31 de diciembre de 2022, para que los profesionales que se encuentran trabajando puedan acceder a los procedimientos de evaluación y certificación profesional de las comunidades autónomas.

En este punto, la consejera ha informado de que desde la Consejería de Bienestar Social se ha habilitado excepcionalmente a 783 personas mayores de 55 años como auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores y cuidadores para trabajar en la atención de la Dependencia hasta octubre de 2017.

Y por el procedimiento de Acreditación ACREDITA, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha certificado 5.087 profesionales, con lo que actualmente el 90 por ciento de los profesionales de ayuda a domicilio y de centros residenciales tiene certificación profesional, frente al 60 por ciento que la tenían al inicio de legislatura.

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