Castilla-La Mancha pide que se agilice el reparto de fondos del Pacto contra la violencia

La consejera de Igualdad del Ejecutivo autonómico ha defendido la necesidad de que se agilice la llegada de estos fondos para garantizar la implementación de las políticas que dependen de los mismos en las comunidades autónomas
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernandez, ha participado de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Igualdad
photo_camera La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernandez, ha participado de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Igualdad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio de Igualdad mayor agilidad en el reparto de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la violencia de género para poder empezar cuanto antes a implementar las políticas que se deben ejecutar dentro de este año.

Así lo ha demandado este lunes la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, durante su participación por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Igualdad convocada por el Ministerio de Igualdad, ha informado la Consejería en nota de prensa.

Fernández ha señalado que la inquietud de esta región es que "a estas alturas, no está hecha la distribución de los fondos, lo que retrasa la implementación de estas políticas en algunas comunidades autónomas".

Asimismo, ha indicado que teniendo en cuenta que son fondos que hay que ejecutar dentro del año, "urge su reparto" al tiempo que ha recordado que Castilla-La Mancha ha ejecutado la práctica totalidad de los más de seis millones de euros de los fondos correspondientes a los ejercicios anteriores.

A petición de Extremadura y Castilla-La Mancha, con el apoyo unánime de todas las comunidades autónomas, se ha incluido este punto en el orden del día de la Conferencia Sectorial para pedir una mayor agilidad en su distribución territorial y la ministra se ha comprometido a hacerlo.

La Consejería de Igualdad ha precisado que el reparto de los fondos del Pacto de Estado se hace de manera "transversal y coordinada" desde ésta a otras consejerías como las de Fomento, Educación, Cultura y Deportes, Desarrollo Sostenible o Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta transversalidad, ha detallado, ha hecho posible en 2020 desarrollar un total de 33 medidas desde todos estos departamentos con las que se ha dado respuesta a cuestiones de primera necesidad, continuar con la prestación de servicios, mejorar la red de recursos en los que se atiende a las mujeres e impulsar acciones de investigación, formación, sensibilización y educación.

Desde el punto de vista de los servicios, la ejecución de los fondos del Pacto de Estado ha permitido mejorar prestaciones como el servicio de asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de género o el decreto de ayudas a menores en situación de orfandad como consecuencia de la violencia machista; además de haber destinado una partida al funcionamiento y gestión de los centros de la mujer y los recursos de acogida, así como a la formación de sus profesionales.

También se ha financiado una parte de las diferentes líneas de subvención que impulsa la Consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer para prevenir la violencia de género como son la ayudas para la prevención de la discriminación múltiple, la trata y la explotación sexual o la mutilación genital femenina.

En el ámbito de la formación y la sensibilización se han desarrollado acciones como la traducción del protocolo de mutilación genital femenina a varios idiomas y a lectura fácil, se han financiado ayudas a la investigación y también ha continuado la representación teatral 'Don Juan, la sombra de doña Inés ensangrentada' para sensibilizar en institutos de Educación Secundaria.

Y otro grupo de medidas han sido las relativas a la sensibilización en el ámbito de las administraciones públicas a través de la formación de cargos electos gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha.

PLAN CORRESPONSABLES

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad ha acordado con las comunidades y ciudades autónomas el reparto de fondos destinados al Plan Corresponsables para el cuidado de menores de 14 años (190 millones de euros) y a la creación de centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual (19,8 millones).

Este lunes, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el ministerio dirigido por Irene Montero y los gobiernos autonómicos han aprobado sendos acuerdos para la financiación de estos dos proyectos, que en ambos casos tienen en cuenta los criterios de densidad de población, insularidad y dispersión de la población.

"Es un buen día para el Ministerio de Igualdad y sobre todo para las mujeres y las familias que van a ver aumentados sus derechos a partir de hoy con dos políticas públicas novedosas que contribuyen a la igualdad entre hombres y mujeres pero también a la lucha decidida contra todo tipo de violencia sobre las mujeres", ha aseverado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera.

Todos los territorios han votado a favor del reparto de fondos para el Plan Corresponsables, a excepción del País Vasco, que ha mostrado objeción debido a su condición de territorio foral, ha informado Vera.

Las comunidades autónomas recibirán "inmediatamente" 190 millones de euros gracias a este plan, ideado para que creen una bolsa pública de cuidadores profesionales para atender a menores de 14 años a domicilio y en centros públicos y facilitar así la conciliación de las familias.

Las familias que tendrán prioridad para recibir estos cuidados serán las de especial vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración, madres mayores de 52 años, familias monoparentales y unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.

Para acceder a los programas se tendrá en cuenta el nivel de renta y las cargas familiares y se priorizará en la contratación a los jóvenes desempleados con formación específica en esta tarea y mujeres mayores de 45 años que hayan sido cuidadoras pero en la economía sumergida -y se acreditará la experiencia de cuidados-.

Los 190 millones se transferirán teniendo en cuenta la población menor de 14 años, la superficie, la dispersión de la población y las grandes urbes, además de las especiales características de las islas y de Ceuta y Melilla.

Vera ha defendido que la conciliación requiere la implicación del Estado, que ha de hacerse corresponsable de los cuidados de forma urgente, y ha reconocido que el Plan Corresponsables es una "política semilla" con un presupuesto "pequeño", por lo que hay que consolidarlo e ir "más allá".

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

El segundo punto del orden del día de la Conferencia Sectorial ha consistido en aprobar el reparto de 19,8 millones de euros destinados a la puesta en marcha en cada provincia y ciudad autónoma de centros de crisis donde se atienda a mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día y los 365 días del año.

Este asunto "ha suscitado algo más de dudas" entre los representantes de los territorios, que aunque "comparten la necesidad" de su creación, han dudado sobre su "sostenibilidad" y "cuestiones técnicas", ha reconocido la secretaria de Estado.

En estos centros de crisis se ofrecerá acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial y facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas de violencia sexual -sin necesidad de denuncia previa-, así como a familiares y personas del entorno.

Vera ha destacado que esta iniciativa permitirá a España dar respuesta a "una deuda histórica" con los compromisos internacionales (Convenio de Estambul), al prestar atención a víctimas de todo tipo de violencias (agresión sexual, matrimonio forzoso, trata, explotación sexual y proxenetismo, acoso reiterado o feminicidio).

El presupuesto inicial de 19,8 millones de euros, con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE y que forma parte del plan "España te protege contra las violencias machistas", se entregará a lo largo de 2021 para que las autonomías comiencen a adquirir los locales donde se pondrán en marcha los centros.

La población de mujeres de 16 o más años, la insularidad y la dispersión de población serán criterios tenidos en cuenta a la hora de repartir el dinero.

Cada provincia y ciudad autónoma contará con un presupuesto inicial fijo de 1 millón de euros para el período de 3 años de ejecución del proyecto, estableciéndose en este primer año una transferencia del 30% del total de la inversión. 

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