CLM invertirá esta legislatura 50 millones en los Centros de la Mujer y recursos acogida

Por otra parte, la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha plantea aprobar la Ley LGTBI regional antes de mitad de la legislatura

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad en las Cortes regionales
photo_camera La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad en las Cortes regionales

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá más de 50 millones de euros en esta legislatura en los Centros de la Mujer y los recursos de acogida así como entre 250.000 y 300.000 euros anuales para ayudar a la víctimas de violencia de género en su transición a la vida normalizada y 70.000 euros para huérfanos de la violencia machista.

Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, en una rueda de prensa previa a la Comisión de Igualdad de las Cortes autonómicas en la que ha comparecido para informar sobre la política a desarrollar por su departamento en los próximos años.

Fernández ha destacado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más dinero destina a la igualdad en relación al Producto Interior Bruto (PIB), y ha especificado que en la actualidad gestiona fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género a razón de 25 millones de euros al año contabilizando las políticas de todas las consejerías.

La responsable regional en materia de Igualdad ha indicado que la red de recursos de Castilla-La Mancha se compone de 84 centros de la mujer, 13 recursos de acogida, un centro de urgencias, 81 viviendas para víctimas de violencia de género cuyo alquiler paga el Instituto de la Mujer y 4 pisos tutelados.

Un "colchón" sin el que, a su juicio, las víctimas "no tendrían manera de salir del círculo de la violencia".

No obstante, ha resaltado que la política de Igualdad no es solo la estrategia contra la violencia de género, por lo que ha apostado por que esta legislatura sea la de la "consolidación de la transversalidad de género" con la implementación de las unidades de género en todas y cada una de las consejerías.

En este sentido, ha dicho que estas unidades tienen que estar conformadas en el primer trimestre del año 2020 y que no supondrá coste alguno a la Administración puesto que estarán compuestas por empleados públicos, por lo que la única actuación necesaria será una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Asimismo, ha subrayado la "huella" que ha dejado la anterior directora del Instituto de la Mujer presente en el Consejo de Gobierno en la última legislatura, Araceli Martínez, y ha abogado por continuar avanzando por la ruta marcada para así evitar el "riesgo de retroceder" más si cabe ante "movimientos reaccionarios o políticos que incluso cuestionan la existencia de las políticas de igualdad".

Durante la comisión, la consejera de Igualdad ha hecho hincapié en los programas de empleo impulsados desde el Instituto de la Mujer en colaboración con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y a este respecto ha remarcado que el 74 por ciento de los participantes en las lanzaderas de empleo son mujeres así como el 52 % de los beneficiarios en general de los planes de empleo.

Además, ha adelantado que ambas consejerías están trabajando en un plan específico de empleo para mujeres cuyos detalles se darán a conocer una vez esté culminada su planificación.

En materia educativa, ha apostado por extender la asignatura de Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad a todos los centros educativos a través de un acuerdo con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para formar a los docentes en la puesta en marcha de planes de igualdad.

En otro orden de cosas, con respecto a la compatibilidad para el cargo, Blanca Fernández ha dado cuenta de su declaración de bienes y currículum, ante los que ningún grupo parlamentario ha objetado nada, al tiempo que la consejera de Igualdad ha matizado que, en todo caso, la "idoneidad" para el cargo la marca el presidente regional en su elección de los miembros del Gobierno.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado de Cs David Muñoz ha valorado el discurso de la consejera de Igualdad pero ha señalado que le gustaría que hubiera "menos gestos y más gestas" así como ha solicitado "más concreción" en cuanto a las medidas a adoptar en los próximos cuatro años.

La parlamentaria 'popular' María Roldán ha mostrado el apoyo del grupo popular para cualquier iniciativa o propuesta en beneficio de las mujeres de la región, y ha indicado que al PP le surgen algunas dudas en relación a la estructura de la Consejería, cuya creación aplaude, en concreto en lo que respecta al número de altos cargos y delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer y el coste que supone a la región.

Por último, la diputada socialista Charo García ha indicado el compromiso del Gobierno regional con las políticas de género así como ha mostrado el apoyo de su grupo parlamentario a las iniciativas en este sentido que se llevarán a cabo a lo largo de la legislatura.

LEY LGTBI EN ESTA LEGISLATURA

En otro orden de asuntos, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad ha señalado durante su intervención el compromiso del Ejecutivo para la elaboración y aprobación de una Ley autonómica para la protección de los derechos de colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) no más allá de la mitad de la legislatura.

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad de las Cortes regionales, Fernández ha señalado que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ya cuenta con ayudas para este colectivo, pero ha pedido la aportación de todos los grupos parlamentarios y de todas las entidades para la creación de la nueva normativa regional.

"Es una ley de justicia y llega con cierto retraso", ha reconocido, pero ha insistido en que el objetivo es que no pasen más de dos años de la legislatura para que sea una realidad.

En este sentido, el diputado regional de Ciudadanos (Cs) David Muñoz ha tendido la mano al Gobierno autonómico para que esta ley salga "por consenso", pero ha advertido de que si tarda en llevarla a las Cortes, la formación naranja presentará esta iniciativa porque considera que la legislatura pasada fue "una oportunidad perdida" para garantizar la igualdad en este colectivo.

Además, ha solicitado que en la redacción de la Ley LGTBI se tenga una "especial atención" a las personas de este colectivo que viven en zonas rurales, porque a juicio de la formación naranja estas personas sufren el dicho de "pueblo pequeño, infierno grande".

Por otro lado, la consejera de Igualdad ha hecho referencia también a la lucha contra la trata y en este punto ha apuntado que según la memoria de la Fiscalía General del Estado el 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas y que el año pasado se detectaron más de 14.000 "esclavas del sexo".

Fernández ha dicho que entiende que haya "voces" que digan que hay que intentar regular esta práctica desde el ejercicio de la libertad, pero ha invitado a los diputados a que "no caigan en esta trampa" sabiendo el porcentaje tan alto de mujeres que practican la prostitución de manera obligada.

A este respecto, ha indicado que el Gobierno regional va a desarrollar todas las estrategias dentro de sus competencias para prevenir la trata con fines de explotación sexual, que a su modo de ver es "la esclavitud del siglo XXI".

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