Castilla-La Mancha alerta del maltrato prolongado a mujeres y reclama unidad ante la violencia
El retrato de la violencia machista en Castilla-La Mancha volvió este viernes al centro del debate institucional con la presentación del informe anual de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género. La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, compareció ante la Comisión de Igualdad para desgranar una radiografía marcada por casos de larga duración, un incremento sostenido en las denuncias y un uso creciente de los recursos de apoyo psicológico y de protección. Pero también por un clima político incapaz de sellar una resolución conjunta, lo que volvió a dejar en evidencia las diferentes visiones de PSOE, PP y Vox.
El dato que más consternación generó en la sesión fue el que refleja la persistencia de situaciones de maltrato prolongado. El 17% de las mujeres atendidas en los recursos de acogida llevaba más de doce años sufriendo violencia, un periodo que, en palabras de López, obliga a “imaginar el horror que supone sobrevivir durante más de una década en un entorno de agresiones continuadas”. La mayoría de las usuarias, un 69%, acumulaba menos de siete años de violencia, y casi la mitad de los casos (48%) no superaba los tres.
La red regional de acogida atendió en 2024 a 343 mujeres y 275 menores, cifras que se mantienen estables y que elevan a 8.875 mujeres y 9.439 menores el total de personas asistidas desde que existen registros en 2001. Según explicó la directora del Instituto de la Mujer, el 73% de las usuarias eran madres y, en la inmensa mayoría de los casos, la violencia procedía de la pareja actual (86%) o, en menor medida, de la expareja (6%). Uno de los elementos más alarmantes es que el 26% manifestó haber sufrido todos los tipos de violencia —física, psicológica, sexual y económica—, lo que confirma la intensidad de muchos de los casos.
Refuerzo económico y más recursos especializados
Además del análisis del perfil de las víctimas, López detalló el esfuerzo presupuestario del Gobierno regional para reforzar la protección y el acompañamiento. En 2024, Castilla-La Mancha destinó 683.500 euros en ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, un apoyo que incluye desde las ayudas de emergencia hasta las de autonomía para mujeres en recursos de acogida.
Entre estas prestaciones destacan las 33 ayudas de orfandad concedidas tras el asesinato de la madre, por un importe total de 237.000 euros, una cifra que ha aumentado tras elevarse la cuantía anual a 7.200 euros y ampliarse la edad de acceso. Las políticas de vivienda, gestionadas por la Consejería de Fomento, permitieron además que casi 450 mujeres y sus hijas e hijos accedieran a una vivienda asequible, un componente clave para garantizar un proyecto de vida autónomo.
A ello se suman otras ayudas, como las de solidaridad para mujeres que sufren secuelas físicas o psicológicas graves, las ayudas sociales ligadas a la empleabilidad, los apoyos específicos para quienes residen en recursos de acogida y las Becas Leonor Serrano, dirigidas tanto a mujeres víctimas como a sus hijos e hijas, con el fin de facilitar su itinerario formativo.
“El objetivo es que ninguna mujer ni ningún menor quede sin apoyo”, defendió López, quien insistió en que “cada ayuda económica, cada recurso de acogida y cada programa de formación o empleo construye un futuro más seguro y autónomo”.
Violencia sexual: más víctimas, más atención y un fenómeno oculto
El informe también pone el foco en las agresiones sexuales, un ámbito en el que la demanda de atención psicológica no ha dejado de crecer. El Programa Contigo, servicio gratuito para mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia sexual, atendió en 2024 a 214 mujeres. En más de la mitad de los casos, las víctimas eran menores de 30 años, y en el 76% de las situaciones conocían a su agresor: un familiar, un amigo, un vecino o una persona del entorno cercano. Solo el 50% presentó denuncia.
Este déficit de denuncias llevó a López a remarcar la importancia de los cinco Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, uno por provincia, que comenzaron a funcionar a finales de 2024 y que ya habían atendido a 268 mujeres. La directora advirtió de que “existe una violencia sexual que permanece oculta”, y subrayó la necesidad de consolidar recursos especializados para detectar casos y ofrecer protección y acompañamiento psicológico.
Más llamadas a la línea regional y más denuncias
La línea telefónica gratuita 900 100 114, operativa las 24 horas del día y sin dejar rastro en la factura, recibió 7.956 llamadas en 2024, un 2% más que el año anterior. La mayoría de ellas (65%) se referían a maltrato psicológico y un cuarto a maltrato físico. Un 33% de las mujeres que pidieron ayuda tenía menos de 35 años. López remarcó que “un aumento en el volumen de llamadas no implica necesariamente más violencia, sino una mayor concienciación, capacidad de detección y predisposición de las víctimas a pedir ayuda”.
En paralelo, las denuncias presentadas ante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alcanzaron las 6.091, un 2% más que en 2023, y se dictaron 1.274 órdenes de protección. El sistema Atempro, que ofrece dispositivos de atención y protección a mujeres en riesgo, cerró el año con 993 usuarias activas, la cifra más alta desde 2010. Además, 43 mujeres contaban con un dispositivo de localización inmediata y 269 con dispositivos telemáticos para controlar medidas de alejamiento.
PSOE, PP y Vox vuelven a chocar y fracasa el intento de resolución conjunta
La presentación del informe vino acompañada de un nuevo desencuentro político. La comisión terminó sin acuerdo para una resolución conjunta, después de que solo saliese adelante la propuesta del PSOE, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra.
El texto socialista insta al Gobierno regional a seguir desarrollando políticas “eficaces y coherentes”, y reafirma su compromiso frente a cualquier forma de negacionismo, alertando de que los discursos que cuestionan la existencia de la violencia de género “erosionan los avances sociales” y dificultan la protección de las víctimas. También llama a preservar la “unidad institucional y parlamentaria” en la lucha contra esta violencia.
El PP pide una auditoría de sistemas telemáticos y un protocolo ante casos de acoso
La propuesta del PP, rechazada por PSOE y Vox, reclamaba la obligación de trasladar a la Fiscalía cualquier indicio de acoso o abuso cometido por altos cargos del Gobierno regional, en referencia a los recientes casos ocurridos en el ámbito político nacional. También pedía un protocolo específico para altos cargos, auditorías técnicas y operativas de los sistemas de control telemático, una evaluación independiente periódica de las políticas de igualdad y una estrategia integral y urgente para fomentar el empleo femenino y reducir la brecha salarial.
Los populares criticaron asimismo la falta de información sobre las excarcelaciones vinculadas a la ley del “sí es sí” y denunciaron la paralización temporal del programa de atención psicológica a menores ocurrida el pasado verano.
Vox exige derogar todas las leyes de género
Vox volvió a desmarcarse del resto de grupos al defender una ley de violencia intrafamiliar y exigir la derogación de la Ley de Violencia de Género, la ley del “sí es sí” y la ley trans, además de pedir el fin de los programas educativos que “enseñan feminismo e ideología de género”. Su propuesta también incluía un estudio sobre el aumento de agresiones grupales.