El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha ha considerado insuficiente el incremento en la partida de discapacidad, incluida en el proyecto de presupuestos generales del año 2020 por el Gobierno regional, dadas las necesidades detectadas en el tercer sector.
Así lo han trasladado a los medios de comunicación la presidenta del Cermi de la región, Cristina Gómez, y el gerente de esta organización, José Antonio Romero, quienes han manifestado su preocupación por servicios que "podrían verse seriamente comprometidos por los desajustes producidos", cuando se celebra este martes, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
"El nuevo convenio colectivo está aplicado desde enero con el salario mínimo interprofesional aprobado por el anterior Ejecutivo, que ha supuesto unos desequilibrios en el coste del personal que las organizaciones han tenido que asumir", ha lamentado el gerente del Cermi, que ha incidido en que, con el incremento incluido en estos presupuestos, "no se puede asumir la cantidad que supone ese desequilibrio".
La partida de discapacidad, que específicamente se destina al mantenimiento de programas, servicios y atención a personas con discapacidad, conlleva un incremento en los nuevos presupuestos de 1.400.000 euros con respecto a los anteriores, pero según ha calculado el Comité regional, harían falta 1.500.000 euros más para solventar los problemas generados.
Así, el Cermi de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que se haga "un análisis exhaustivo" del coste por plaza, así como de los precios públicos en función de los distintos servicios para la discapacidad, con vistas a que, a partir de 2021, pueda haber un sistema de concertación social "como ya existe en otras 9 comunidades autónomas".
Romero ha detallado, en un desayuno informativo, la hoja de ruta a nivel global que la junta directiva quiere trasladar al gobierno regional en esta nueva legislatura, que incluye la petición de un informe relativo a la situación de los Centros Base para cambiar la normativa reguladora, "porque hay personas con discapacidad que podrían estar trabajando ya si tuviesen el reconocimiento de grado de discapacidad, que tarda demasiado".
Con respecto a la Ley 3/2018 de Protección y Apoyo Garantizado, el gerente ha declarado que están "muy satisfechos" porque es una norma que salió de movimiento asociativo pero que establecía un periodo de desarrollo reglamentario de 9 meses "que pasaron hace ya unos cuantos y las familias necesitan saber adonde acudir".
En cuanto a los datos de empleo, Cermi ha informado de que los últimos registros del mes octubre datan un total de 8.448 personas con discapacidad demandantes de empleo en Castilla-La Mancha, cuando a principios de año eran 558 personas menos y ha resaltado que desde el año 2016 no se bajan de los 7.000 desempleados.
"Se necesita diseñar una estrategia de empleo inclusivo con el gobierno", ha subrayado Romero, quien ha recordado que el periodo de fondos europeos concluye el año que viene, por lo que la región "tiene un reto importante" para conseguir que los nuevos "sean inclusivos, con una accesibilidad integral y que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres".
La presidenta del Cermi ha expuesto por su parte las principales reivindicaciones de las personas con discapacidad y sus familias en la región y ha remarcado la importancia de la sostenibilidad del sector, así como los derechos sociales para discapacitados que "deberían estar blindados" por el Estatuto de Autonomía.
