Comisiones Obreras ha denunciado hoy el "abandono premeditado" de la vigilancia de la contaminación ambiental por parte del consejero de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que se ha "obstinado" en mantener el Plan de Inspección Medioambiental 2012-2018.
En una nota de prensa, CCOO ha criticado que Martínez Arroyo mantenga este plan elaborado por el anterior Gobierno que presidía María Dolores de Cospedal "que preveía ejecutar 26.000 inspecciones con sólo 25 funcionarios de la dirección general de Calidad Ambiental y que está lejísimos de cubrir sus objetivos".
Y ha añadido que aunque los objetivos del plan coinciden plenamente con las funciones del cuerpo de agentes medioambientales relativas a la inspección, policía, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de medio ambiente, "tanto la anterior consejera como su sucesor prescindieron de utilizar a este colectivo para estas tareas".
Así, aunque los agentes medioambientales dependen de la Dirección General de Política Forestal, encuadrada -al igual que la Dirección General de Calidad Ambiental- en la viceconsejería de Medio Ambiente, su titular "los sigue excluyendo del Plan de Inspección salvo cuando, acuciado por la necesidad, los utiliza para programas específicos".
También recurre a estos profesionales "cuando desde algún servicio provincial se les reclama para campañas puntuales, como hicieron el pasado año los coordinadores de Ciudad Real, Cuenca y Toledo para la campaña de inspección de vertederos ilegales", ha afirmado la Coordinadora de Agentes Medioambientales de CCOO de Castilla-La Mancha.
Asimismo, ha indicado que en sus servicios cotidianos, los agentes medioambientales "siguen realizando de oficio tareas de inspección y control, pero desde la Consejería se encargan de poner el mayor número de trabas al ejercicio de estas funciones"
"La conclusión de este despropósito ha sido dejar de la realización del Plan de Inspección Medioambiental y de los programas anuales de inspección de calidad ambiental a los 25 funcionarios de la Dirección General de Calidad Ambiental", ha apuntado CCOO.
Tocarían a más de mil inspecciones cada uno, una sobrecarga de trabajo imposible de atender, lo que a lo largo de estos años ha llevado a algunos de ellos a abandonar este servicio", ha aseverado el sindicato.
CCOO ha agregado que "es muy difícil pretender cubrir las inspecciones de todas las instalaciones y autorizaciones existentes en Castilla-la Mancha", que eran cerca de 26.000 en 2012, más todas las inspecciones no sistemáticas que han ido surgiendo, contando únicamente con el esfuerzo de 25 personas.
Según el sindicato: "Esto permite que infinidad de productores y gestores de residuos actúen al margen de la ley, en detrimento de las empresas que sí cumplen con la normativa y que quedan en una clara situación de falta de competitividad frente a los piratas, dando como resultado final y trágico las catástrofes ambientales que todos conocemos".
